“Es una situación insólita en la historia reciente del organismo recaudador”, dice la diputada Lorena Ulieldín. La legisladora socialista es la autora del pedido de informes que se le envió al gobernador Omar Perotti para que explique si el titular de la Administración Provincial de Impuestos (API), Martín Ávalos, está llevando a cabo procedimientos de apremio –cobro de deudas- por sí mismo y, por lo tanto, percibiendo importantes honorarios que provienen de los contribuyentes, cuando el cargo que ocupa es incompatible con dicha tarea.

La autora de la iniciativa indicó que “carece de un sentido de utilidad pública”, ya que la máxima autoridad de la API “cuenta con una dotación de procuradores fiscales a los cuales debería coordinar y verificar, entre otras atribuciones de coordinación”.

Los legisladores y legisladoras advierten que el accionar del funcionario choca con las obligaciones establecidas en la Ley de Ética Pública N°13.230 y lo “hacen pasible de sanción o de remoción”.

La diputada Ulieldín indicó que “está claro que la elección del administrador provincial de realizar estas actividades por sí mismo, y no otras (como por ejemplo la atención al público), persigue un claro interés personal”, dado el “importante ingreso extra” que se suma “al sueldo que de por sí ya cobra como alto funcionario público”.

Dicha conducta vulnera las estipulaciones de la Ley de Ética Pública, según la legisladora, ya que el funcionario “privilegia sus propios intereses particulares en lugar del interés público”.

Por ahora, no obtuvieron la información requerida por parte del Poder Ejecutivo.