Las diputadas Lionella Cattalini y Gisel Mahmud pidieron se investigue la participación del gobernador mientras ocurrían las actividades de inteligencia ilegal, malversación de caudales, eliminación de documentos públicos en las oficinas del Estado, entre otros.
También se imputó a otros dos exfuncionarios del Ministerio de Seguridad. Se les atribuyó la coautoría de los delitos de negociaciones incompatibles con el cargo y tentativa de defraudación a la administración pública provincial.
Luego de dejar de ser ministro de Seguridad, solicitó volver al área de investigación que depende del MPA. Además, Pablo Farías presentó un escrito ante el Inadi por sus polémicas declaraciones.