Se trata de Juan Pablo Puig y Mateo Sebastián Muringa, quienes integraban una asociación ilícita internacional. Entre agosto y noviembre de 2022 se apoderaron ilegítimamente de 2.344.000 pesos, pero tendrán que entregar a las víctimas un total de 7.620.294,48 pesos en función de la actualización por inflación.