En el último tiempo, las falsas amenazas de bomba resultaron una traba constante en las comunidades educativas de cientos de colegios. Desde hoy las familias de los alumnos comenzarán a recibir una nota advirtiendo sobre las consecuencias civiles y penales de estos llamados. El escrito fue elaborado por las autoridades del Ministerio de Educación provincial y, entre otros puntos, reafirma la decisión de que los padres paguen el costo de los operativos de seguridad que activan estas intimidaciones.
Con el objetivo de que las familias sumen su colaboración para frenar con la multiplicación de denuncias ficticias que se reciben al 911, en los cuadernos de comunicaciones de los alumnos de nivel primario y secundario se incorporará una nota que propondrá “dialogar en casa sobre este problema”.
El escrito sintetiza el estado de la investigación penal iniciada para individualizar a los autores de las falsas amenazas y recuerda que los padres son solidariamente responsables de los daños causados por sus hijos menores. Pero, además, señala que el gobierno provincial reclamará el resarcimiento de los costos de los operativos, calculados en unos 45 mil pesos.
Según estimaciones oficiales, entre Rosario y Santa Fe Capital se registraron solo en agosto cerca de 150 llamados por amenazas de bomba falsas en diferentes instituciones educativas.
Hay casos de todo tipo. Versiones de las más insólitas y una comunidad educativa que todavía no encontró el camino para poder abordar el problema con éxito.
