Por Germán Beuage*
La oposición a Nicolás Maduro llevará hoy miércoles a las calles de Caracas el clamor contra el régimen chavista que ha sumido a Venezuela en la crisis política, económica y social más grave que ha sufrido en décadas. La “megamarcha” convocada por el partido opositor Mesa de la Unidad Democrática para este 19 de abril, fecha en que se conmemora el inicio en 1810 de la lucha por la independencia del país, busca ser un punto de inflexión en el pulso al Gobierno de Maduro, que en las últimas semanas ha pisado el acelerador de su aparato represor.
Las manifestaciones exigirán la destitución de los siete magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que arrebataron a finales de marzo las competencias de la Asamblea Nacional –que luego restituyeron parcialmente–, así como la convocatoria de elecciones generales.
A la deriva autoritaria del Gobierno se suma la penuria económica en la que se ha hundido el país, con una inflación que el FMI sitúa este año por encima del 700% y una escasez crónica de alimentos y medicinas, además de una inseguridad que se traduce en más de 28.000 asesinatos al año.
Aunque el gobierno niega la represión, en lo que va del mes de abril han fallecido al menos seis personas, incluido un niño de 14 años, que perdió la vida de un balazo en el abdomen.
La marcha de este miércoles será una de las mayores muestras de rechazo al gobierno de Maduro desde que estallaran las protestas a raíz del autogolpe de estado del Supremo, tal como lo llamó la oposición. La masiva afluencia esperada ha puesto a la defensiva al régimen, que en los últimos días ha tratado de mantener la fidelidad del ejército para lograr contener a los manifestantes y ha alentado una contramarcha para frenar el embate opositor.
En una medida que atenta contra la seguridad de la ciudadanía, Maduro ha exhibido la amenaza de la milicia bolivariana, a cuyos miembros hizo desfilar de uniforme el lunes y a los que garantizó un fusil por cabeza para “tomar” la ciudad en caso de ser derrocado.
La entrega de armas a los civiles hizo saltar las alarmas dentro y fuera de Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, pidió ayer a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a no reprimir con la violencia las protestas pacíficas. “No estamos llamando a la rebelión, al golpe de Estado o al motín contra el Gobierno, lo que pedimos es el fin de los abusos y la represión”.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, lo consideró “una acción represiva homicida que incita a la violencia”, mientras que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, mostró su “seria preocupación por la militarización del país y llamó a la cordura ante las manifestaciones”.
La oposición venezolana recibió un fuerte apoyo a comienzos de semana cuando once países latinoamericanos pidieron a Maduro que convoque de inmediato a elecciones y termine con la crisis actual. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Uruguay “exhortaron al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela para que rápidamente se definan las fechas para dar cumplimiento al cronograma electoral que permita una pronta solución a la grave crisis que atraviesa el país”.
La reacción chavista no se hizo esperar. El Ejecutivo calificó de “grosera injerencia” la misiva. La ministra de Asuntos Exteriores, Delcy Rodríguez, añadió en Twitter que la petición de los países “violenta las leyes internacionales para apadrinar el intervencionismo”.
*El autor es licenciado en Relaciones Internacionales.
