Donald Trump ha abierto la puerta a las deportaciones masivas. Las nuevas directrices del departamento de Seguridad Nacional, publicadas ayer martes, amplían el espectro de la persecución a casi todos los sin papeles. El núcleo de la ofensiva migratoria radica en la posibilidad de aplicar las expulsiones inmediatas a prácticamente todos aquellos indocumentados que lleven menos de tres años en el país.
Lo que el gobierno presentó este martes no es un decreto, sino memorandos del Departamento de Seguridad Nacional que cambian la reglamentación de la Ley de Inmigración, no la ley en sí misma.
“El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las agencias y los recursos federales y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados Unidos”, argumentó una de las nuevas directrices firmadas por el secretario John Kelly, citadas por la agencia de noticias EFE.
Las nuevas directrices de su gobierno establecen que los oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deben detener y deportar de inmediato a todos los inmigrantes sin documentos que fueron condenados por algún crimen o que son sospechosos de haberlo cometido.
“Todos aquellos que violen las leyes de inmigración pueden ser sujetos de los nuevos procedimientos, incluyendo la expulsión de Estados Unidos”, establece la directriz.
Bajo la administración de Obama, la orden era concentrarse en aquellos inmigrantes sin documentos que fueron condenados por un crimen importante, por amenazas a la seguridad nacional o que hubiesen cruzado ilegalmente la frontera recientemente.
Ahora, según la nueva directiva de Trump, podrán ser detenidos y deportados aquellos que fueron condenados por hurto o por infracciones de tránsito. Lejos de agotar las posibilidades del sistema legal, el objetivo del nuevo plan es devolver a los sin papeles lo antes posible a sus países de origen. La excepción serán los menores, los peticionarios de asilo y quienes pueden demostrar la legalidad de su estatus migratorio.
Del alcance de la orden tampoco se salvan los padres con hijos. Por el contrario, para cortar el flujo de menores procedentes de Centroamérica, se endurece el castigo a sus padres y se permite su procesamiento penal si han hecho uso de redes de tráfico humano.
