El 29 de abril no es una fecha más para los santafesinos. Es el día que recuerda uno de los momentos más tristes y desesperantes que se vivió en la ciudad. El agua comenzó a cubrir las calles y las casas, y poco a poco se tragaba la vida de miles de personas. Hoy se cumplen 15 años de ese día que marcó la vida de toda una ciudad.
Casi cinco días de lluvia mantenían a Santa Fe bajo un temporal. Esas mismas lluvias se fueron concentrando sobre el cauce bajo del río Salado, donde se acumularon 1400 milímetros. Ese crecimiento provocó lo inevitable: el agua comenzó a entrar por una tramo inconcluso de las defensas.
La brecha en un terraplén estaba ubicada a la altura de calle Gorostiaga, donde se ubica el Hipódromo. Además, el terraplén que comunicaba la ciudad de Santa Fe con la autopista a Rosario tenía un puente de poca longitud como único paso de las aguas. Al limitar el cauce del río por este estrechamiento, se incrementó el nivel del río “aguas arriba” (al norte) de dicho terraplén.
Los terraplenes, que debían servir de defensa, ayudaron a que las aguas se embalsaran sobre la ciudad y no la dejaba escurrir. Es por eso que en los sectores más bajos de la ciudad se acumularon hasta 4 metros de altura de agua.
El agua fue entrando desde la zona del hipódromo y ganando terreno sobre un basto sector de la ciudad. Barrio enteros quedaron enterrados bajo agua y barro. Para que el agua escurriera, debieron dinamitar siete tramos del terraplén en distintos puntos.
El 8 de mayo de 2003, el gobernador de ese entonces, Carlos Reutemann, cerró la lista de víctimas fatales en 23, considerando que fueron muertes directas a la inundación. Pero organizaciones no gubernamentales y familiares elevan la cifra a 160 muertos, teniendo en cuenta a aquellas personas que fallecieron por consecuencias físicas y psicológicas producidas por la tragedia.
Desde el Ministerio de Salud se informó que en Santa Fe, Recreo y Monte Vera, habían 475 centros de evacuados, que alojaban a 62.500 personas en total. A su vez, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) daba cuenta de que en la ciudad capital había 53.312 autoevacuados, pero que los afectados sumaban más de 130.000 ―un tercio del total de la población que en ese momento tenía la ciudad. El caos era tal, que una semana después todavía había 1.753 personas desaparecidas.
El ministro de Gobierno, Carlos Carranza, aseguró que 67 personas están desaparecidas, con denuncia policial y judicial en el ámbito de la ciudad y de Santo Tomé.
En números, se contabilizaron 28.000 viviendas afectadas, 5.000 establecimientos agropecuarios fuera de servicio, 2 millones de hectáreas afectadas en zona rural y 1.500 millones de dólares para reconstruir la infraestructura de la ciudad, las viviendas y las pérdidas agropecuarias.
La inundación también impactó sobre la salud de la población y puso a la ciudad de Santa Fe en una situación sanitaria crítica, llegando a ser la más grave de su historia.
Después del pico de la creciente el agua fue descendiendo, dejando al descubierto enormes cantidades de basura. El agua contaminada y los animales muertos o enfermos. En los siguientes meses hubo casos de sarna, micosis, pediculosis, diarreas, cuadros respiratorios agudos, hepatitis, leptospirosis y hasta varicela.
Muchas personas padecieron presión alta y crisis nerviosas. También hubo una gran cantidad de brotes psicóticos y de personas adictas a narcóticos con síndrome de abstinencia.
LA CAUSA
La causa Inundación comenzó el 5 de mayo de 2003, cuando la por entonces titular del Sindicato de Amas de Casa, Ana Isabel Zanutigh, presentó una denuncia ante el fiscal Ricardo Favaretto, que fue tomada por el juez de Instrucción de la 7ª Nominación, Diego de la Torre. En esa época regía el viejo Sistema Procesal Penal en la Provincia.
A partir de entonces, el expediente se ha transformado en un verdadero laberinto que ha pasado por las manos de al menos 22 jueces y 13 fiscales.
En principio, De la Torre imputó a diez funcionarios municipales y provinciales. Entre ellos, a Carlos Alberto Filomena, el titular de Defensa Civil de la provincia, que se hizo tristemente famoso porque en plena catástrofe fue fotografiado bailando en un casamiento en Paraná.
A fines de 2005, el mencionado magistrado fue recusado y se retiró. En su lugar tomó la causa Jorge Patrizi.
El 19 de abril de 2006, Patrizi desvinculó de responsabilidad a siete de los imputados (entre ellos, a Filomena) y procesó al exintendente Marcelo Álvarez, al ex director de Hidráulica de la provincia Ricardo Fratti y al ex ministro de Obras Públicas Edgardo Berli, por el delito de estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas.
En 2011 comenzó la etapa definitoria de la causa: el plenario. Se volvieron a presentar las pruebas, se incorporaron otras y se sugirieron testigos.
En 2013 fueron llamadas a atestiguar 60 personas. Entre ellas, el luego fallecido ex gobernador Jorge Obeid y el ex ministro de Hacienda y Obras Públicas Juan Carlos Mercier, que por primera vez pisaron Tribunales en el marco de la causa, pese a que, junto a Carlos Alberto Reutemann, son considerados los principales responsables de la catástrofe por los damnificados.
Como ya lo había hecho en 2004, Reutemann declaró en 2013 por escrito, amparado en sus fueros de senador. El segundo texto es una copia del primero en un 60%. En ambas oportunidades, el ex mandatario provincial fue citado como testigo.
El cierre del plenario se dispuso en 2015, pero su concreción y la llegada de las conclusiones y posterior sentencia se viene dilatando por los sucesivos pedidos de prescripción de la causa interpuestos por la defensa de Álvarez ante diversos Tribunales.
