Julio De Vido, diputado nacional y ex ministro de Planificación, deberá afrontar desde este miércoles el juicio oral y público por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas, luego de que el tribunal rechazara un pedido de postergación presentado por la defensa.

El ex funcionario de la gestión kirchnerista es juzgado junto con el ex jefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, Gustavo Simeonoff, quienes están acusados de los delitos de estrago culposo agravado y administración fraudulenta, según publicó el diario Perfil.

Fuentes judiciales informaron a DyN que el tribunal dispuso que las audiencias se desarrollen sólo los miércoles, en las que se esperan que declaren más de 80 testigos, y estimaron que el segundo juicio por el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012 puede demandar entre seis y ocho meses.

De Vido, cuyos abogados históricos renunciaron el jueves, será defendido por Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro, quienes habían pedido una prórroga del inicio del juicio que fue rechazada por el tribunal, mientras que Simeonoff tendrá a la defensora oficial Paola Bigliani.

El TOF4 fijó el inicio del primer juicio que afronta De Vido para las 9.30, cuando se leerán los requerimientos de elevación a juicio con las acusaciones de la fiscalía, de la Oficina Anticorrupción (OA) y de las querellas. Fuentes judiciales precisaron que en la segunda audiencia se harán los pedidos de nulidades y en la tercera comenzarán las indagatorias de los acusados.

El 29 de diciembre de 2015 el Tribunal Oral Federal 2 condenó a 21 de los 28 acusados y la pena más alta, nueve años de prisión, recayó sobre Claudio Cirigliano, ex titular de TBA, por estafa y administración fraudulenta contra el Estado. El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime fue sentenciado a cinco años de prisión y su sucesor Juan Pablo Schiavi a ocho años, mientras que el maquinista de la formación siniestrada Marcos Córdoba recibió tres años y medio. En el juicio, el tribunal ordenó investigar a De Vido por su responsabilidad en el control del transporte durante el gobierno kirchnerista, y a Simeonoff.