Un pastor evangélico de la ciudad de Santa Fe está siendo investigado luego de que se lo acusara de abusar contra la integridad sexual de siete menores de edad. La fiscal a cargo del caso, Alejandra Del Río Ayala, anticipó que solicitará una pena de 40 años de prisión para el presunto abusador.
El acusado es Antonio Aguirre, un hombre de 69 años que ha mantenido contacto con cientos de niños y niñas a lo largo de su carrera. Según explicó la fiscal “abusó sexualmente de las víctimas en un contexto religioso”.
La letrada agregó además que “para llevar adelante su accionar delictivo, el hombre aprovechó su posición de poder como máxima autoridad de la sede de la congregación a la que pertenecían él y las personas abusadas”.
Del Río Ayala señaló que “los hechos ilícitos sucedieron entre 2012 y 2017”, y aclaró que “algunas de las víctimas comenzaron a ser abusadas cuando cursaban la escuela primaria, una mientras estaba en el jardín de infantes y las demás, durante su adolescencia”.
“En reiteradas oportunidades, el hombre vulneró la integridad sexual de las víctimas en un inmueble del norte de la ciudad en el que desarrolla sus actividades la iglesia evangélica”, aseguró la funcionaria del MPA. “En otras ocasiones, el acusado perpetró los delitos a bordo de un automóvil en el que trasladaba a las niñas y adolescentes”, añadió.
La fiscal planteó que “el hombre investigado amenazaba a las víctimas. Les decía que si no permitían los abusos o si hablaban con alguien sobre sus padecimientos, serían ‘suspendidas’, lo que implicaba que no podrían participar en actividades religiosas vinculadas al canto, a la danza, entre otras”.
Del Río Ayala también explicó que “las intimidaba diciéndoles que iba a encerrarlas en un pabellón donde tendrían que hacer ayuno y dormir arrodilladas”.
Por otro lado, Del Río Ayala afirmó que “en todo momento, el acusado comprendió el grave daño que su conducta ocasionaba en la salud física y psicológica de las personas agredidas”. Al respecto, destacó que “el accionar delictivo no sólo tuvo consecuencias negativas para las víctimas, sino también para sus familiares y otros integrantes de la comunidad religiosa”.
