El 29 de abril es una fecha que quedó marcada a fuego en la memoria de los santafesinos. Se trata de la catástrofe natural –que podría hacer sido evitada- más grande de la región y que dejó a una gran parte de la ciudad bajo las aguas del Salado.
Miles de santafesinos perdieron sus pertenencias, sus casas y hasta vidas.
Durante cinco días, las lluvias se concentraron en el cauce bajo del río Salado y se acumularon 1400 milímetros. Esto provocó el crecimiento desmedido del cauce. Fue allí en donde las defensas fallaron: había un tramo inconcluso y esto permitió la entrada del agua.
El escenario de Santa Fe Cambio, y la gran masa de agua tapó lugares emblemáticos como el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, la cancha del Club Atlético Colón, y barrios como el fonavi Centenario y gran parte de Barranquitas.
El 8 de mayo de 2003, el gobernador de ese entonces, Carlos Reutemann, cerró la lista de víctimas fatales en 23, considerando que fueron muertes directas por la inundación. Pero organizaciones no gubernamentales y familiares elevan la cifra a 160 muertos, ya que se contabilizan aquellos que fallecieron como consecuencias físicas y psicológicas producidas por la tragedia.
Hoy, 19 años después, es una herida abierta pese a que hubo algunas condenas. Sin embargo, se siente como un hecho impune.
La causa penal abierta para determinar las responsabilidades políticas por la inundación se inició en mayo de 2003 y obtuvo sentencia en febrero de 2019.
El 1º de febrero de 2019, el juez Octavio Silva condenó a tres años de prisión condicional a Berli y Fratti -Álvarez ya había fallecido- por el delito de “estrago culposo agravado por la muerte de 18 personas”.
En el fallo, Silva sostuvo que la inundación “pudo haber sido prevenida” y que se produjo por “la omisión culposa de los cuidados necesarios para prevenir y contener la creciente del río Salado”.
