Por Germán Beauge* (Especial para Nexo Diario)

Estados Unidos sancionó al vicepresidente de Venezuela Tareck El Aissami y lo designó oficialmente como narcotraficante, informó el Departamento del Tesoro en un comunicado. Esta medida anula la visa de El Aissami, le confisca propiedades en EE.UU. y le prohíbe realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones estadounidenses.

Washington anunció las medidas después de que un grupo bipartidista de 34 legisladores pidiera la semana pasada a Trump que sancione a funcionarios venezolanos acusados de corrupción y violación de derechos humanos, incluyendo aquellos que se benefician de la aguda escasez de alimentos que padecen los venezolanos.

Uno de los signatarios, el senador republicano por Florida Marco Rubio, celebró las sanciones contra El Aissami y manifestó su esperanza de que sean “solo el principio para asegurarnos de que el régimen de Maduro siente presión para poner fin a sus actividades ilícitas, liberar a todos los presos políticos, empiece a tolerar el disenso y respete la voluntad de los venezolanos que votaron para que se abandone el desastroso camino de (Hugo) Chávez y Maduro”.

De este modo, el vicepresidente de Venezuela ha entrado en la lista negra de narcotraficantes de Estados Unidos. El Departamento del Tesoro ha incluido a Tareck El Aissami en el grupo de sancionados por su “significativo papel en el narcotráfico internacional”, lo que le convierte en el funcionario venezolano más alto en ser castigado por Washington.

Las sanciones se enmarcan en la Ley Kingpin, promulgada en 1999 con el objetivo de bloquear las actividades de individuos o de organizaciones extranjeras sospechosas de estar vinculadas con el narcotráfico y que sean una amenaza para Estados Unidos. Implican la congelación de cualquier bien o activo que los señalados tengan en territorio estadounidense, así como la prohibición de que ciudadanos estadounidenses realicen transacciones comerciales con los castigados.

Las agencias involucradas en la decisión han insistido en que se trata de una acción contra un individuo, no contra un gobierno, y que es el resultado de una “larga investigación”. Pero con este paso la Administración de Donald Trump abre un nuevo frente en América Latina y redobla la presión sobre Caracas iniciada por su predecesor, Barack Obama.

*El autor es licenciado en Relaciones Internacionales