Los administradores del country Aires del Llano se hicieron presentes en el Ministerio Público de la Acusación el día lunes. Hace mas de 15 días que eran requeridos tras una denuncia por el presunto delito de “defraudación fiduciaria”, realizada por un cliente del emprendimiento inmobiliario.
Rodrigo Gómez Barinaga y Fernando Font Saravia “comparecieron espontáneamente” ante la fiscal Carolina Parodi, la cual “dejó sin efecto las órdenes de captura” emitidas el 15 de marzo, informó la oficina de prensa del MPA.
Mediante un comunicado oficial, la fiscal Parodi aclaró que “la citación a estos dos empresarios tiene su origen en una denuncia presentada ante el MPA a para que se investigue un supuesto fraude en la administración fiduciaria del country Aires del Llano”, ubicado en un predio de 174 hectáreas, en el km 5,5 de la autopista, en jurisdicción de la Municipalidad de Santo Tomé.
La denuncia la realizó el abogado Alejandro Albiñana el 25 de noviembre de 2015, en representación de un inversor que habría comprado un terreno en el denominado barrio VI y que reclama las mejoras prometidas en la operación de compra-venta.
En cuanto a las acusaciones formuladas, la funcionaria del MPA precisó que “si bien las dos personas que comparecieron ante la Fiscalía podrían estar involucradas en una presunta maniobra fraudulenta, aun faltan elementos verosímiles para definir si es posible promover la acción penal”.
En tal sentido, advirtió que “podría no tratarse de una defraudación, y sí de un caso civil por incumplimiento del objeto de los contratos de fideicomiso inmobiliario y de garantía dentro de los plazos estipulados, con sus consecuencias legales contractuales”. Y aclaró que “la liquidación del fideicomiso es una mera consecuencia del vencimiento del plazo contractual”.
La fiscal también manifestó que “no es cierto que existan irregularidades en los contratos en su aspecto formal, ni en la la situación registral de su inscripción” y precisó que “los empresarios no son fiduciarios a título personal, sino inversores fideicomitentes, los que los habilitaría legalmente a ser beneficiarios adjudicatarios”.
Por último, Parodi dijo que hay una cuestión previa a la investigación penal, que es la rendición de cuentas sobre el patrimonio de afectación. “Ya fue requerida al abogado defensor, porque es imprescindible conocerla”, indicó la fiscal. “Sin embargo concluyó, aun no se acreditó esta información. Una vez que se cumplimente, podría descartarse la promoción de la acción penal”.
