Alrededor de ciento cincuenta mil personas se han volcado a las calles para manifestarse, en la plaza Victoria de Bucarest, contra el decreto con el que el Gobierno socialdemócrata de Klaus Iohannis pretendía despenalizar parcialmente los delitos de corrupción.
La marcha atrás del Gobierno no ha aplacado a los rumanos: tras la retirada del polémico decreto que pretendía despenalizar casos de sobornos, cohechos o conflictos de intereses cuyo daño fuese inferior a 44.000 euros, los rumanos exigen responsabilidades. El Ejecutivo del Partido Socialdemócrata (PSD) ya ha dicho que no dimitirá.
La capitulación del Gobierno, que, tras una reunión de urgencia, ha publicado este domingo la derogación del decreto, no ha sido suficiente. Ahora la población busca gestos. El primer ministro, Sorin Grindeanu, ya ha descartado dejar el poder. “No dimitiré, hemos ganado las elecciones con millones de votos”, dijo a la cadena privada Antena3.
Según la emisora pública TVR, casi medio millón de personas han salido a manifestarse contra la despenalización parcial de los delitos de corrupción aprobada por el Gobierno socialdemócrata, en lo que es ya la oleada de protestas más importante desde la caída del comunismo en 1989.
