Con el objetivo de evitar abusos, proteger a los inquilinos y democratizar el acceso a la vivienda, el diputado socialista Rubén Galassi presentó un proyecto en la Cámara. Quiere que se regule el sistema de comisiones y garantías en la provincia de Santa Fe.
El proyecto busca poner un tope en las comisiones de las inmobiliarias al momento de celebrar el contrato que deberían ser compartidas por dueños e inquilinos y regula la cantidad y calidad de las garantías necesarias para presentar. Además, establece que sean los propietarios quienes paguen el impuesto inmobiliario.
“Buscamos proteger a los inquilinos, estableciendo criterios más justos y equilibrados en la relación con propietarios e inmobiliarias a la hora de alquilar. El Estado puede y debe intervenir para regular este mercado en el que muchas veces existen abusos”, explicó Galassi, que consideró a la vivienda como “un bien social”.
La iniciativa fija comisiones con un tope del 4 por ciento del valor del contrato y en caso de renovación entre los mismos titulares, 2 por ciento, la mitad del porcentaje estipulado para el primer contrato. De aprobarse el proyecto, estos honorarios serán pagados en partes iguales por inquilinos y propietarios.
Actualmente las comisiones no están reguladas, sino que quedan libradas a lo que pacten las partes, lo que puede derivar en situaciones abusivas.
En tanto, las garantías quedan establecidas en un máximo de dos inmuebles (garantía propietaria) o tres codeudores que acrediten ingresos periódicos (garantía vía recibos de sueldo). Además, los inmuebles que se presenten como garantía podrán estar ubicados en cualquier localidad de la provincia, no necesariamente donde está emplazada la propiedad a alquilar. A esto se suma la gratuidad del trámite de consulta de la situación dominial por parte de jubilados y ciudadanos que destinen el inmueble a vivienda y cuyos ingresos familiares no superen el sueldo de un empleado de comercio, según informó el diario La Capital.
Por otra parte, el impuesto inmobiliario estará a cargo de los locadores y no podrá ser transferido a los inquilinos. Sobre este punto, Galassi apuntó que “a diferencia de los servicios, como la luz o el gas, que claramente debe abonar quien utilice esos servicios, el impuesto inmobiliario es un impuesto al patrimonio y como tal lo debe abonar el titular de ese patrimonio, o sea el propietario, nunca el inquilino”.
Otro punto del proyecto de ley tiene el objetivo de frenar la especulación, aumentar la oferta de vivienda y por lo tanto abaratar el precio de los alquileres. En este sentido, se prevé que las propiedades deshabitadas por al menos un año abonarán más impuesto inmobiliario a través de un pago adicional progresivo.
