El escándalo de corrupción por la red de sobornos en la región no para de salpicar a nuevos implicados. Luego de que se aceptaran las delaciones de ex directivos de la empresa contra decenas de políticos en Brasil, en Perú, la fiscalía pidió ayer la prisión preventiva contra el ex presidente Alejandro Toledo (2001-2006), investigado por supuestamente recibir 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para adjudicarle el contrato de una obra, anunció el procurador general, Pablo Sánchez.
Odebrecht admitió que pagó 29 millones de dólares en coimas en Perú entre 2005 y 2015. Ese período abarca los gobiernos de Toledo, Alan García y Ollanta Humala, quienes podrían seguir el camino de Toledo.
Toledo, que vive en Estados Unidos, está ahora en Francia, desde donde se ha declarado inocente y ha señalado que colaborará con una “justicia justa”, pero sin aclarar si piensa regresar voluntariamente al Perú.
“Es un cargo de imputación serio y grave, de tal manera que la persona que dice ser inocente debe ponerse a derecho y afrontar la justicia como debe ser”, sostuvo el procurador.
Según testificó Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en Lima, el ex presidente pidió 35 millones de dólares a Odebrecht por los contratos de la ruta Interoceánica, en una reunión en 2004 en Río de Janeiro. Tras las negociaciones, el monto se redujo a 20 millones de dólares.
Por su parte, el actual mandatario del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, deberá declarar en calidad de testigo por el presunto favorecimiento a la empresa para ganar la licitación de un gasoducto. El presidente será interrogado en calidad de testigo el 23 de febrero por el supuesto trato preferencial a Adebrecht para ganar la licitación del Gasoducto del Sur Peruano (GSP), informó el diario peruano El Comercio. Además serán interrogados los ex presidentes Ollanta Humala y Alan García, y la ex candidata presidencial Keiko Fujimori.
Toledo llegó a la política en 1990 como un símbolo de la lucha anticorrupción pero la justicia hoy lo señala y algunos especialistas creen que la pena para el ex presidente, según los cargos que se le imputen y se le prueben, podría ser de entre ocho y 30 años de cárcel.
