Este martes estalló un escándalo cuando la justicia invervino ante un familiar de un detenido en la Seccional 9na que denunció que le habían solicitado una suma de dinero para agilizar el trámite de liberación y el pago de la tobillera electrónica que sería devuelto una vez que finalizara la condena.
La investigación llevó a que las dos oficiales de policías que estaban de guardia recibieron un supuesto llamado en el que un superior les pedía que solicitaran los teléfonos particulares de los familiares de los detenidos.
A las pocas horas, estos comenzaron a recibir los llamados de un supuesto juez de control que pedía entre 200 y 300 mil pesos ya que su familiar sería liberado ese día y debían abonar el dinero para pagar la tobillera electrónica.
Al menos tres personas cayeron en la estafa y realizaron la transacción.
La justicia ordenó que las dos oficiales sean identificadas, se congelaran sus fondos y se les secuestraran los teléfonos celulares mientras avanza la investigación.
