De repente el Estado puso a los directivos, a los docentes y a los asistentes escolares de distintas ciudades en la lupa. Es que detectaron que unos 50 médicos firmaron una gran cantidad de licencias a docentes en el 2015 y eso llamó la atención.
El resultado de la investigación sorprendió: 29 casos de profesionales que no concurrían a trabajar por prescripción médica, pero que se habían ido de vacaciones al exterior.
El periodo en el que el Estado puso la lupa fue de un año y medio. Y encontró que a pesar de que las patologías que los trabajadores de la educación argumentaban no les permitía concurrir a la escuela, no se hacían ningún problema para viajar. El diario La Capital señala algunos casos particulares, como en Melincué, donde un médico certificó “un cuadro de bronquitis” a un director reemplazante de una escuela en septiembre de 2017. Sin embargo, cuando los responsables de la delegación de la Región VII de la cartera educativa consultaron en Migraciones, recibieron como respuesta que en ese período el docente estaba en el exterior.
Otro de los 29 casos que terminó con una denuncia penal es el de una secretaria de una escuela de El Trébol, que pidió numerosas licencias entre 2016 y 2017, pero Migraciones confirmó tres extensos viajes al exterior. En el último viaje no pudo acompañar la información respaldatoria sobre sus dolencias.
Resalta el particular caso de una portera de San Jorge, que pidió dos licencias médicas desde el exterior, mientras realizaba un viaje. Una prescripción de larga distancia.
Los casos se acumulan y tienen muchas similitudes. Sin embargo, las licencias médicas se redujeron a la mitad en los últimos dos años, tras quedar en evidencia los métodos poco confiables de otorgamiento de licencias. Por eso los profesionales de la salud que incurrieron en irregularidades también están bajo la lupa: hubo un médico, por ejemplo, que llegó a firmar 2.000 licencias en 2015. Un negocio que perjudicaba a lo más preciado de la sociedad: los chicos.
