Se trata de Juan Pablo Puig y Mateo Sebastián Muringa, quienes integraban una asociación ilícita internacional. Entre agosto y noviembre de 2022 se apoderaron ilegítimamente de 2.344.000 pesos, pero tendrán que entregar a las víctimas un total de 7.620.294,48 pesos en función de la actualización por inflación.
De ese total, 9.544.500 pesos fueron devueltos a las víctimas. Además, abonaron 1.263.333 pesos en concepto de multa y donaron 936.466 pesos a dependencias de la policía provincial y del Organismo de Investigación.