El máximo tribunal de Venezuela dio otro paso en el conflicto de poderes que vive el país al asumir las competencias de la Asamblea Nacional -de mayoría opositora- mientras ese cuerpo mantenga su “situación de desacato” por haber juramentado a tres diputados cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Desde el antichavismo denunciaron que se trata de “un golpe de Estado”.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había declarado en desacato al Legislativo a inicios de 2016 y considerado nulas sus decisiones. Pero ayer dio un paso más al asumir las competencias del Poder Legislativo. “Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho”, señala el fallo.
Mientras desde la oficial Agencia Venezolana de Noticias afirmaron que el Tribunal “actúa en defensa del orden constitucional amenazado por el desacato parlamentario”, la oposición denunció que la maniobra es un claro golpe de Estado.
“Esto no tiene otro nombre que un golpe de Estado y dictadura. En Venezuela no hay Constitución, hoy Nicolás Maduro tiene todo el poder que de manera ilegal le otorgó la Sala Constitucional del TSJ”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges.
Por su parte, el excandidato presidencial Henrique Capriles pidió que la OEA convoque “de emergencia” a su Consejo Permanente para abordar la situación en Venezuela, donde, dijo, el Tribunal Supremo dio un “golpe de Estado”. Capriles señaló que la decisión del TSJ es “el Madurazo”, al compararla con la situación vivida en Perú en 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori promovió el cierre del Congreso con el respaldo de las Fuerzas Armadas. “Este es un escenario distinto porque en este momento usted no ve que haya tanques ni la Fuerza Armada rodeando al Parlamento, no lo hicieron de esa forma, lo están haciendo a través del Tribunal Supremo de Justicia”, subrayó.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también consideró un “auto golpe de Estado” lo ocurrido en Venezuela. Afirmó que la decisión del TSJ de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, sumada a la adoptada días previos que retira inmunidad a los legisladores, son “los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”. “Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado”, señaló Almagro, que desde el año pasado encabeza una campaña para aplicar a Caracas la Carta Democrática del organismo.
Anoche la Cancillería Argentina emitió un comunicado en el que manifestó que “el Gobierno argentino ve con gran preocupación la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que limita las facultades de la Asamblea Legislativa y restringe la inmunidad parlamentaria de sus integrantes elegidos por el voto popular”. El comunicado agregó: “Argentina reitera que el diálogo y la concertación política son los únicos caminos para resolver la situación de crisis que afronta el hermano pueblo venezolano e insta a su Gobierno a retomar dicho diálogo con apego a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Gobierno argentino reitera su disposición a colaborar con el pueblo y el Gobierno de Venezuela en el camino al restablecimiento de la paz social en ese país, en el marco del pleno respeto a las instituciones democráticas”.
