Como en tantos otros rubros, las pequeñas y medianas empresas del sector metalúrgico de Santa Fe vienen sufriendo graves inconvenientes económicos y financieros que las colocan al día de hoy en una situación de verdadera crisis, no por malas decisiones de sus empresarios sino por la situación generalizada del país y en especial de la industria metalúrgica en cuestión.
Según los registros de la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) la crisis se multiplicó de un año para el otro.
“El panorama no es muy aliciente para la industria. Nuestro sector este año en la agenda política nacional y provincial debería ser prioridad. La regresión de las pymes es insoslayable cuando somos las que generamos entre 70 y 80 por ciento de la mano de obra ocupada. Si no miramos para este lado será un año poco productivo y poco feliz para el sector industrial y la economía en general. El 80% del PBI y del consumo interno depende de la industria y cada vez más se retrae y la gente piensa en sostenerse y en sobrevivir nomás”, deslizó el Vicepresidente de la entidad empresaria.
La excesiva suba del precio de las materias primas por encontrarse dolarizadas, la caída fenomenal de las ventas, el sobre stock paralizado y las exorbitantes tasas de interés que se ven obligados a pagar para negociar cheques hacen que la ecuación económica no encuadre de ninguna forma, poniendo en riesgo la continuidad de la empresa y por ende la pérdida de puestos de trabajo.
Para poder hacer frente al pago de los salarios y compra de materias primas, la primer decisión que fueron tomando los empresarios fue la de estirar el pago de las cargas sociales a través de planes de Pagos de AFIP, pero ello es solo “tirar la pelota para más adelante”, no resolviendo el problema central que es la falta de venta.
En estos momentos ello ya no basta y por tal motivo al verse en una situación de aprieto total las metalúrgicas están optando por presentar Procedimientos Preventivos de Crisis ante el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, en el marco de la ley de empleo Nro. 24013.
Dicho procedimiento comienza con una presentación ante el sector de conflictos colectivos del Ministerio, quien de manera urgente corre vista al sindicato de trabajadores, en este caso la UOM (Unión Obrera Metalúrgica), para que en un audiencia las partes consensúen medidas de acción directa para que no se pierdan todos los puestos de trabajo.
Algunas de esas medidas son los planes de retiros voluntarios, suspensiones de horas o días de trabajo, baja de cargas sociales y hasta desvinculaciones con indemnizaciones especiales.
En este marco, si bien se nota una buena predisposición de las partes intervinientes y del Ministerio de Trabajo como mediador, la incertidumbre por el devenir es lo que más aqueja ya que no se avizora que la situación mejore a corto plazo.
