La provincia de Santa Fe se ha ubicado en el segundo lugar a nivel nacional en la tasa de femicidios y transfemicidios, alcanzando una cifra de 1,6 casos por cada 100.000 mujeres. De acuerdo con el informe de la organización Mumalá, el territorio santafesino se sitúa en este trágico indicador apenas por debajo de Santiago del Estero, la provincia que encabeza las estadísticas en todo el país.
La gravedad de la situación se ve reflejada en los registros del año en curso, en los que se contabilizaron 32 femicidios y 60 intentos de femicidio entre enero y el 18 de agosto. Estas alarmantes cifras de violencia machista fueron compartidas y analizadas en un encuentro de articulación realizado en la capital provincial por la Asamblea Ni Una Menos junto a integrantes de Mumalá de Rosario.
Ante este alarmante escenario, las organizaciones sociales y feministas reclaman con urgencia la sanción de una ley de emergencia de género a nivel provincial y local que asigne un presupuesto real para sostener la asistencia a las víctimas. Las activistas cuestionaron duramente que, mientras nadie pone en discusión las leyes de emergencia hídrica o agropecuaria, la prioridad de la crisis de género siga siendo postergada aun cuando una mujer o persona travesti/trans es asesinada cada 30 horas en el país.
Desde la Asamblea Ni Una Menos señalaron que las decisiones del gobierno provincial (mencionado en el audio como “gobierno de Pucharo”) representan un retroceso de cuarenta años en materia institucional al degradar el área de género de rango ministerial a una secretaría dentro del Ministerio por la Igualdad y Desarrollo Humano. Según denunciaron las referentes, este cambio diluye el presupuesto y complejiza el organigrama para el manejo autónomo de recursos económicos necesarios para intervenir en la problemática.
Las consecuencias de este vaciamiento de recursos estatales e institucionales impactan directamente en el territorio, donde los acompañamientos de las organizaciones hacia las víctimas se reducen al apoyo emocional por la falta de refugios y políticas de alojamiento para las mujeres y sus hijos. Asimismo, las agrupaciones expusieron retrasos sistemáticos y subejecución presupuestaria, obligándolas a realizar protestas públicas frente a la secretaría del área para exigir la transferencia de fondos destinados al funcionamiento de los centros de día.
Finalmente, las organizaciones denunciaron que el hambre en los barrios populares —sostenido por el trabajo no remunerado de las cocineras comunitarias— profundiza una violencia estructural donde escasea el personal capacitado para el abordaje de género en el territorio. Por esta razón, demandan la creación de un plan integral de violencia que sea monitoreado por las organizaciones sociales y que cuente con financiamiento estatal de rápida ejecución.
