En la semana, el director provincial de Investigación Criminal, Darío Chávez, hizo pública la idea que se está evaluando: hacer responsable a los padres de los costos de cada operativo que deben realizar la policía y los bomberos cada vez que reciben una llamada alertando la presencia de una bomba, y resulta falsa.
En la jornada de ayer, fueron identificadas cuatro personas en Rosario vinculadas a los llamados. Se trata de dos hombres y dos mujeres mayores de edad que son propietarios de las lineas telefónicas de los celulares que se utilizaron para realizar llamadas por amenaza de bombas.
Con respecto a esto, Darío Chávez volvió a dialogar con LT10, y dejó en claro que “los chicos van a ver cómo se llevan presos a sus padres”. Si bien se sabe que los llamados son realizados por menores, los titulares de las líneas telefónicas son los padres, y por lo tanto son los responsables hasta que en el proceso penal demuestre que la utilizó otra persona.
“Estamos hablando de gente trabajadora que se ve inmersa en un procedimiento penal que no es menor porque se los califica como intimidación pública” lo que implica una pena de “mínimo dos años y máximo seis”, aclaró Chávez en esta nueva conversación. Por este motivo, manifestó que “desde el Estado debemos dar una respuesta clara y efectiva de que no podemos jugar con esto”.
Cada operativo cuesta entre 40 y 50 mil pesos, y los chicos que realizan estas llamadas como juegos tienen entre 13 y 14 años, y no toman dimensión de la gravedad de sus hechos.
Por otro lado, un curioso evento sucedió en la escuela técnica Nº 480 Manuel Belgrano (Moreno 3054). La misma recibió siete falsas amenazas de bomba en lo que va del año. En una de las tantas veces lograron identificar al responsable, que resultó ser alumno. Al mismo se le requirió “una actitud reparadora”.
De ese modo, con el aval de los padres, el joven debió pintar un aula, “para que el chico tome conciencia de lo que estaba haciendo” contó la directora del establecimiento educativo.
