Hay “familias enteras migrando empobrecidas del campo a las zonas urbanas, las napas de las zonas pobladas al acecho de la superficie, barrios enteros en pueblos, comunas y municipios devastados. La cosecha que no se perdió, está en el campo, o es imposible levantarla o es imposible ingresar al predio para retirar la explotación. Los animales se ahogan o se hunden”.

Ese texto es de la carta que productores agropecuarios de la zona sur de Santa Fe, vecinos y colegios profesionales de la región presentarán al presidente Mauricio Macri, tras su visita a Rosario por el día de la Bandera.

Preocupados por la crisis hídrica, constituyeron una comisión de trabajo para reclamar obras de infraestructura “acordadas” con Córdoba y Buenos Aires que permitan aliviar la situación, que hace unos cuatro años afecta a la región que tiene unas 60.000 hectáreas anegadas, según publicó La Nación.

Según esta comisión, Santa Fe recibe agua desde Córdoba que va a La Picasa y no se deriva a Buenos Aires, con lo cual se produce el anegamiento. Además, insisten en que por falta de piso y de caminos, la actividad agrícola se cae.

En la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación, los funcionarios santafecinos presentaron a inicios de mayo el proyecto para la ejecución del canal Alternativa Norte y obras complementarias para disminuir el aporte de esa provincia a la cuenca del Salado. Sin respuesta de Buenos Aires, no se pueden iniciar los trabajos. Desde ese organismo nacional señalaron a este diario que “todavía no hay definiciones”.

“De continuar sin un plan hídrico serio e integral, el futuro se verá truncado de manera irreparable, quitándonos nuestra dignidad y por supuesto nuestro lugar en el mundo. La dignidad de la que hablamos es el eje estricto del que ningún gobierno puede prescindir, obviarlo, sería despótico”, enfatizan.

En ese marco solicitan un acuerdo interprovincial regulador de escurrimiento de agua e instar y/o encargar la realización de proyectos de obras hídricas para el sur de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, “por profesionales idóneos nacionales y/o extranjeros”, plazos de ejecución y presupuestos claros. Se ofrecen a “trabajar mancomunadamente en pro de una solución real que priorice el bien común”.