Una jueza autorizó el traslado de una mujer que está en prisión domiciliaria en una localidad del Gran Rosario a una unidad penitenciaria donde se encuentra su pareja a fin de que puedan tener relaciones íntimas. El traslado implica 40 kilómetros de ida y 40 de vuelta y lo debe hacer un móvil de la policía provincial.
La circunstancia provocó malestar en ámbitos del Poder Ejecutivo, donde dan cuenta de una importante afectación de patrullas que deben realizar servicios regulares de prevención del delito en la calle, pero que deben atender los requerimientos de custodias o traslados como en este caso.
“Ahora la policía tiene que hacer de remís para que los internos tengan relaciones sexuales con la escasez de móviles que tenemos”, se quejó un vocero del Ministerio de Seguridad de la provincia.
La orden en cuestión impone el traslado para J.G. desde una localidad del Cordón Industrial a la unidad de Piñero “para acercamiento íntimo en la modalidad sugerida por la Unidad de detención, esto es, estableciéndose un día específico a fin de que no coincidan con el resto de la población penal y solicitando colaboración de la comisaría con jurisdicción en el domicilio de la imputada para efectivizar los traslados”, indica la resolución notificada por la Oficina de Gestión Judicial del Centro de Justicia Penal de Rosario.
A ESO SE LE LLAMA UN POLVO MUY CARO