La Cámara de diputados, en un sorpresivo consenso, aprobó por 211 votos a favor y sólo uno en contra, el proyecto que serviría para bloquear cualquier posibilidad de reducción de penas a los condenados por delitos de lesa humanidad.
De cara a una marcha que este miércoles se prevé multitudinaria a la Plaza de Mayo para repudiar el fallo, el Congreso se movió a la velocidad del rayo: el Senado fue convocado para hoy con el objetivo de convertir en ley el proyecto.
Aunque hubo un repudio generalizado a un fallo leído como puerta abierta a la impunidad y el desenlace mostró un amplio acuerdo, fue una sesión caliente, con discursos encendidos y reedición del debate -en particular con el kirchnerismo- sobre los derechos humanos y la valoración del rol histórico que tuvo cada sector político respecto del terrorismo de Estado, según publicó Clarín.
La iniciativa de sólo cuatro artículos establece que el beneficio del 2 x 1 “no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra”.
También que será aplicable solamente en los casos en que el condenado hubiere estado privado de libertad en forma preventiva durante el período que la ley estuvo en vigencia, es decir, entre 1994 y 2001 -en que fue derogada-. Los diputados señalaron que esta es la “interpretación auténtica” (de la ley del 2 x 1) y por tanto “será aplicable a las causas en trámite”.
La iniciativa fue consensuada entre oficialismo y oposición. El texto base fue el “borrador” del senador Federico Pinedo, elaborado junto al diputado macrista Pablo Tonelli, que ya había circulado previamente y cuya adopción facilita el trámite en la Cámara Alta. Pero había proyectos en el mismo sentido de Donda, Carlotto, Alicia Ciciliani (Partido Socialista), del jefe del bloque del FpV Héctor Recalde, del macrista Daniel Lipovetzky, y de Néstor Pitrola (FIT), quien pidió además el juicio político de los tres ministros de la Corte que firmaron el fallo de mayoría. El kirchnerismo logró incluir la referencia a que la iniciativa se hace “en conformidad con lo previsto en la ley 27.156”, es decir la “ley anti-indulto” del ex diputado K (e hijo de desaparecidos) Horacio Pietragalla, sancionada en 2015, que estableció que los delitos de genocidio o lesa humanidad “no pueden ser objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena”.
