Un hombre oriundo de la localidad santafesina de La Gallareta, fue detenido este miércoles por producción, distribución y publicación de imágenes pornográficas que involucran a menores de edad. Se trata de Guillermo Ramón Rodolfo L., de 36 años, quien fue acusado por el fiscal Nicolás Maglier.
Es la segunda vez en dos semanas que una investigación internacional por tráfico de fotos y videos con pornografía infantil llega a la provincia de Santa Fe. Al imputado “se le secuestraron alrededor de 20 mil videos que menoscaban la integridad sexual de menores de edad”, indicó el fiscal Maglier.
El caso
Todo comenzó con un llamado del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que alertó a sus pares santafesinos respecto a que, según un reporte internacional, desde un IP _conjunto de números, únicos e irrepetibles, que identifica a un dispositivo con la capacidad de conectarse a internet_ de una computadora ubicada en La Gallareta se compartían archivos con pornografía infantil. Esa información ”se constató por intermedio de empresas proveedoras de servicios de acceso a Internet, que los ilícitos habían sido perpetrados tal como indicaba el informe”, según explicó el fiscal Maglier, y así se logró la detención del quiosquero Guillermo Ramón Rodolfo L., de 36 años.
La Gallareta es una pequeña localidad norteña ubicada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Vera y a 420 kilómetros de Rosario. La localidad está ubicada en la zona denominada cuña boscosa santafesina y corresponde a una lugar de baja densidad poblacional y escaso desarrollo productivo.
El detenido
Guillermo Ramón Rodolfo L. es conocido por tener un quiosco con venta de pasajes de colectivos de media y larga distancia. El fin de semana en los tribunales de Vera escuchó en la voz del fiscal Maglier y ante el juez rosarino Gonzalo Basualdo la acusación. “El imputado publicaba y distribuía pornografía infantil a través las redes sociales WhatsApp, Telegram y Facebook”, dijo en acusador. “Se secuestraron en poder del hombre investigado alrededor de 20 mil videos que menoscaban la integridad sexual de menores de edad”, explicó el funcionario. “Estos materiales audiovisuales eran compartidos a otras personas en el marco de lo que conformaría una red de distribución de pornografía infantil que traspone los límites territoriales de Argentina”, puntualizó.
Maglier dijo: “El imputado también distribuía imágenes y videos con actos sexuales propios y fomentaba con su conducta la participación de menores de edad”. Y explicó que “de esta manera distorsionaba el libre y normal desarrollo sexual de las víctimas”. Según un parte de prensa distribuido por el área de prensa de la Fiscalía Regional Primera, el fiscal destacó “el trabajo en conjunto que se realizó con el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El fiscal especificó en la audiencia las tareas realizadas por el MPA y sostuvo que “se siguió el Protocolo de intervención urgente y colaboración recíproca en caso de detección de uso de pornografía infantil en Internet”. Y añadió que “consiste en la remisión directa de la investigación al punto de contacto en la provincia que tiene la competencia territorial. En este caso es el prosecretario de la Unidad Fiscal Vera, Fernando Ibáñez”.
El fiscal explicó que “el imputado es investigado como autor del delito de producción, distribución y publicación de imágenes pornográficas de menores de edad en un número indeterminado de veces”. Además, agregó que “se le atribuyó el delito de promoción y facilitación de la corrupción de menores”. También aclaró que las dos calificaciones penales fueron atribuidas de forma agravada ya que gran parte de las imágenes y los videos son de personas menores de 13 años”.
Maglier sostuvo que “el juez consideró que estaban dadas las condiciones de admisibilidad para imponer la prisión preventiva sin plazos”. Además, precisó: “El magistrado valoró las evidencias que presentamos, que incluyen el peritaje de elementos informáticos y de celulares que dan cuenta del accionar delictivo que intentamos probar”. El juez Basualdo dejó bajo prisión preventiva al quiosquero de La Gallareta por el plazo de ley. Es decir, al menos dos años hasta la realización de un juicio oral y público o la realización de un proceso abreviado.
