El administrador general de API, Martín Ávalos, fue denunciado penalmente por los abogados de la Oficina de Apremios de la Regional Rosario. El directivo está acusado por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y concusión.

La denuncia de Carlos Varela y Adrián Martinez lleva la firma de los 10 abogados que integran la Oficina de Apremios de Rosario. Los letrados sostuvieron Sostienen que Ávalos les impuso incluir su firma en cada apremio apenas fue asignado en su cargo.

“Entendemos que el accionar de Ávalos constituye un claro supuesto de corrupción, concebida como el uso indebido del poder encomendado para obtener beneficios particulares ilícitos (económicos), violando la ley, afectando el interés general y la legitimidad de la autoridad”, dice la denuncia penal.

Las situaciones que se relatan en el escrito están vinculadas con el acoso laboral, amedrentamiento, extorsión y presiones del administrador a los ejecutores para lograr que acaten la imposición.

Uno de esos casos que mencionan fue la “expresa amenaza verbal de designar abogados de Santa Fe” si no acataban lo que se les ordenaba. De hecho en los primeros días de septiembre los mismo demandantes presentaron una denuncia en la Defensoría del Pueblo por violencia laboral.

Según la denuncia penal, al día siguiente el administrador “en represalia” creó “una cuenta oficinal administrada por nuestros superiores por la cual directamente no podemos manejar más nuestros honorarios”. También se publicó la resolución 37 en la que, después de un año y medio donde las órdenes se daban de forma verbal y bajo amedrentamientos, amenazas o extorsión, según la denuncia, se buscó dar un marco normativo.

Detallan que Ávalos está ejerciendo un “doble rol de juez administrativo y patrocinante (es quien decide qué deuda está firme administrativamente para ser ejecutada y al mismo tiempo se beneficia personalmente por el cobro judicial, perdiendo toda objetividad e imparcialidad) deslegitimando total y absolutamente los créditos reclamados judicialmente por la API”.

El gobierno provincial, y en particular el Ministerio de Economía, hasta ayer no respondió oficialmente a las consultas de los medios de comunicación.