Por Germán Beauge*
La confesión de los ejecutivos de Odebrecht puso en jaque a la clase política, frenó al Congreso y recortó el escenario para las elecciones presidenciales de 2018. Los últimos cinco presidentes están siendo investigados por el Lava Jato: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso, Lula y Rousseff.
Para salvar al heredero del grupo, Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años de prisión, la empresa ha revelado su parte corruptora en todo el mundo, incluso en la Argentina, pero en Brasil ha ido más allá: desde una posición de debilidad -la cárcel- ha cooptado la agenda del Ministerio Público e incluso el destino de la Operación Lava Jato.
Sobre todo porque el poder de fuego judicial se agigantó tanto que puede frenar las aspiraciones de retorno de Luiz Inácio Lula da Silva o incluso de los tres posibles candidatos del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Aecio Neves, José Serra y el gobernador paulista, Geraldo Alckmin, todos investigados por recibir millones de dólares de Odebrecht.
La divulgación de las investigaciones abiertas por orden del juez Edson Fachin, del Supremo Tribunal Federal (STF), podrán tener consecuencias más rápidas contra Lula, ya que como no tiene fueros el caso estará en manos del juez Moro, quien ya lo está juzgando en otros dos procesos.
Si Lula es condenado y su sentencia ratificada en segunda instancia, no podrá presentarse a elecciones.
El capítulo más importante de la investigación es el que compete a los políticos con cargos oficiales: están allí los dos jefes del Congreso Nacional, Eunício de Oliveira, titular del Senado y Rodrigo Maia, que comanda la Cámara de Diputados. En cuanto al equipo ministerial del presidente Michel Temer, éste podrá quedar devastado. Hay cuatro nombres de primerísima línea: el jefe de gabinete Eliseu Padilha; Wellington Moreira Franco, ministro de la Secretaría General de la Presidencia; el canciller Aloysio Nunes Ferreira y el titular de Agricultura Blairo Maggi.
El caso Petrobras, surgido en 2014 por un arreglo de coimas de contratos, reveló una trama de décadas de financiación ilegal de la política.
Todos los 108 nombrados en la lista son sospechosos de delitos de corrupción, lavado de dinero y afines, en función de obtener a través de Odebrecht fondos para sus campañas, las de sus partidos y hasta para uso personal. El conjunto de las denuncias, que superan el centenar, proceden de las 78 delaciones premiadas de ex ejecutivos de la compañía, incluidos el dueño principal, Emilio Odebrecht y su heredero Marcelo. También mencionado reiteradamente por ex directivos de la firma, el presidente Temer se salva por una razón constitucional, que establece que el jefe de Estado no puede ser procesado por delitos cometidos con anterioridad a su mandato.
*El autor es licenciado en Relaciones Internacionales.
