Se trata de Dionisio Scarpín, intendente de Avellaneda, localidad ubicada en el norte de la provincia, quien dio positivo por covid-19 días después de haber participado de la marcha por el #17A en repudio a las medidas tomadas por el gobierno nacional en el marco de la pandemia por el coronavirus.

Ahora resulta que contagió a cuatro miembros de su círculo familiar más cercano: su hijo de 9 años, la niñera del niño, su cuñada y cuñado, que viven en Reconquista. Mientras se espera el resultado del análisis de la esposa del funcionario que también participó en la protesta, sin barbijo y con mate en mano.

Ayer, ante el intento de Scarpín de reabrir la sede del municipio, que está cerrada desde el jueves, el Sindicato de Trabajadores Municipales se le plantó y exigió extender el asueto “hasta tanto se conozcan los hisopados de todos los contactos estrecho del intendente” que hoy están aislados: secretarios y secretarias del gabinete y una decena de empleados que trabajaban en los despachos más cercanos.

El viernes, la Federación de Trabajadores Municipales de la provincia (Festram), le reclamó al gobernador Omar Perotti, a la Legislatura santafesina y el Ministerio Público de la Acusación que adopten las “medidas pertinentes” contra Scarpín, ante una supuesta “violación de sus deberes como funcionario público” al promover “marchas y concentraciones” con fines opuestos a la defensa “de la salud y la vida”. Pero hasta ahora, no hubo ninguna acción política, ni mucho menos una investigación judicial ante la denuncia pública del gremio.