Después de tres años del inicio de la causa, el juez Darío Sánchez dictó el auto de procesamiento por administración fraudulenta para el ex presidente de Colón Germán Lerche, como también para quien era su segundo, Rubén Moncagata, y para otros dos ex directivos: Carlos Marín (ex tesorero) y Marcelo Maglianesi (ex secretario); todos, en calidad de coautores.

En tanto, el ex síndico Osvaldo Pradolini fue procesado como coautor del delito de administración fraudulenta y como autor del delito de estafa; mientras que el ex contador Miguel Ángel Sikh corrió igual suerte con respecto al delito de defraudación por administración fraudulenta.

Ante este fallo, el Dr. Ricardo Calvo Arrazola, abogado querellante en la causa, expresó: “Hoy se dio un pasó fundamental. Ya no son más sospechosos sino que ya son los posibles responsables de delitos de defraudación”.

Por otra parte, el periodista, Nicolás Lovaisa, que sigue a fondo la investigación, publicó acerca de los presuntos delitos: “Lerche deberá responder ante la justicia junto a Moncagatta, Marín, Marcelo Maglianesi y Pradolini por su gestión al frente de la institución. También fue procesado Sikh, un contador que le cambió cheques por millones de pesos a Colón. Gastos sin documentar, pagos excesivos a representantes, el departamento de Puerto Madero, facturas truchas y las esquirlas de la causa por la destrucción de la Virgen de Guadalupe forman parte de las irregularidades que les imputan.”

El colega brindó más información en el portal diariodesantafe.com.ar: “El delito está previsto en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal Argentino y establece penas de entre 1 mes y 6 años de cárcel. Sánchez le atribuye a los ex dirigentes “violación de los deberes a su cargo y uso abusivo de poderes y autoridad investida; haberlo defraudado económicamente, perjudicando sus intereses; administración y bienes que se le confiara, procurando causarle daños y/u obtener lucro indebido para sí mismo y otras personas. En las imputaciones, el magistrado enumeró las irregularidades que habían sido advertidas por la fiscal, Mariela Jiménez, y por la pericia contable, que estuvo a cargo de Germán Pérez. Entre ellas, el alquiler de un departamento en Puerto Madero, sin autorización de comisión directiva, en cuyo contrato puede leerse que el “único locatario” era “Germán Lerche y su familia” y cuyo uso sería para ”fines turísticos”.

La resolución firmada por el juez Darío Sanchez: