El 6 de Agosto de 2013, una trágica explosión asoló a la ciudad de Rosario dejando un saldo de 22 muertes. Aún reclaman por el inicio del juicio oral y público a los 11 procesados en la causa.

El edificio ubicado en una zona céntrica, entre bulevar Oroño y calle Balcarce, presentaba problemas con el suministro de gas natural de cañería, semanas previas al hecho. Debido a ello, el consorcio que administra dicho edificio (compuesto por tres cuerpos de diez pisos cada uno) decidió realizar la denuncia correspondiente ante el concesionario Litoral Gas, la empresa encargada de proveer el servicio, los días 23 y 24 de julio. Una vez que la empresa constató el problema, el procedimiento indica que para trabajar dentro de la propiedad se debe contratar a un gasista matriculado y habilitado, ya que a la proveedora del servicio no le corresponde esa tarea.

 

El trabajo consistía en cambiar una válvula reguladora de presión. Por ese motivo debió cerrarse la entrada de gas durante varias horas. Sin embargo, después de que se realizó el trabajo y de que el servicio de gas volvió a la normalidad, el 2 de agosto varios ocupantes del edificio llamaron a Litoral Gas quejándose por el incesante olor.

La mañana del martes 6 de agosto, ante la persistencia del olor, el gasista contratado por el consorcio, volvió a presentarse en el edificio, y dio cuenta de que el regulador estaba mal ajustado y debía cambiarse.​ Simultáneamente, los vecinos de la cuadra afectada realizaron llamados al 911 denunciando que un fuerte olor a gas invadía el sector y que, en el área que rodea el edificio, escuchaban un silbido molesto.

El portero del edificio declaró que bajó ocho pisos hacia la entrada para ver que sucedía. Allí, vio que el gasista y su ayudante salieron corriendo al ver que el ambiente estaba contaminado por grandes cantidades de gas.

La situación actual de la causa

Para la magistrada, el desempeño de Litoral Gas fue determinante en el desenlace fatal. Principalmente, por la impericia o negligencia representada en los inspectores y técnicos que constataron las instalaciones días antes de la explosión. Justamente, en eso pretende avanzar la pericia que realizará un especialista de Córdoba, con su equipo de trabajo. Sólo falta que lleguen planos necesarios sobre los inicios de la instalación del servicio en el edificio, cuando todavía Litoral Gas no era concesionario.

En materia administrativa, en abril de 2014, el Enargas sancionó con una multa de 6,5 millones de pesos a Litoral Gas S.A. por encontrarla responsable de 13 faltas graves en el caso. El organismo de control atribuyó incumplimientos a la concesionaria. Sin embargo, Litoral Gas consideró “injusta” la decisión y fue a la Justicia. El caso ya fue confirmado por la Cámara Federal de Apelaciones, que ratificó la multa en febrero de este año, pero la empresa presentó un recurso ante la Corte Suprema, que aún no tuvo resolución.

Enargas también apuntó, por aquellos días, a “medidas correctivas a realizar de inmediato”, por parte de Litoral Gas. Es que, según entendió, existieron “graves incumplimientos”. Además, días atrás llegó un informe de la Auditoría General de la Nación, sobre Enargas, que también “señala irregularidades en la actuación” del ente de control.