“Mala conducta e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en ese argumento se amparó el decreto 571/2017, firmado por el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, para remover al director del Banco Central de la República Argentina ( BCRA) Pedro Biscay.
“Existen variados y consistentes elementos de juicio que determinan la violación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina por parte del señor Pedro Martín Biscay”, argumenta en uno de sus considerandos el boletín.
Una comisión bicameral del Congreso emitió ayer un dictamen por mayoría que concluye que “las actitudes del mencionado director no se compadecen con las obligaciones de su cargo y que afectan el marco de legalidad del Banco Central y los objetivos constitucionales del mismo”, según publicó La Nación.
Según ese dictamen, que no es vinculante, eso “configura un caso de mala conducta y violación de los deberes de prudencia y responsabilidad requeridos por la función que desempeña”.
“Las declaraciones públicas hechas” por Biscay “no se adecúan en lo más mínimo a las políticas de comunicación de cualquier Banco Central mínimamente responsable”, según el dictamen referido.
Biscay habló tras la noticia de su remoción e indicó que es “un ataque claro a la libertad de pensamiento y de expresión” y que “no hay motivo legal ni constitucional para prohibirle a un director [del BCRA] hablar públicamente sobre cuestiones técnicas de la política económica”.
