El crimen de Micaela García, en manos de un violador reincidente puso en escena una discusión que amagaba con presentarse hace tiempo: la de cuán laxo es el sistema penitenciario.
En Santa Fe, el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, arrojó un dato que impresiona: 250 presos que fueron beneficiados con salidas transitorias, nunca volvieron al penal. De ese número, 204 se fugaron en 2016 y, en lo que va del 2017, la Policía ya les perdió el rastro a 46.
El ministro contó, en una entrevista con TN, que la mayoría de estos delincuentes son recapturados en hechos delictivos y criticó el criterio de los jueces. Además, contó que el gobierno provincial emitió un decreto para revertir esta situación y la Justicia lo declaró inconstitucional.
“Hay que desasociar la conducta del concepto por el que el interno está condenado. Los ofensores sexuales y los que pertenecen al crimen organizado se portan muy bien en la cárcel, pero es altamente probable que reincidan cuando salen”, explicó.
Según dijo, en su resolución el gobernador Miguel Lifschitz proponía darle más herramientas a la Justicia para evaluar desde una perspectiva más amplia la situación del preso antes de otorgarle el beneficio de la salida condicional. Cuando declaró la inconstitucionalidad del decreto, la jueza Sandra Valente consideró que “no pueden excluirse o afectarse derechos de personas por su calidad o por haber cometido determinados delitos graves”. Y argumentó que esto afecta los principios de resocialización e igualdad.
El funcionario consideró que el fallo de Valente “es para la academia, no para los tiempos que vive el país”. Y agregó: “Si la mirada judicial no cambia, el trabajo de la Policía y del Ejecutivo es más difícil”.
Por último, el ministro de Seguridad de Santa Fe remarcó que los presos que no vuelven a la cárcel siempre vuelven a delinquir. Y explicó que, como están en la informalidad, no tienen el certificado de buena conducta que necesitan para trabajar.
La ideología jurídica zaffaroniana infectó a toda la Justicia en Argentina. Esto también es herencia del kirchnerismo.
Habría que aprobar una ley, para que cuando un preso no vuelva, el Juez que le otorgó el beneficio, ocupe su lugar hasta que regrese. Así se terminaría con el problema.