Durante los últimos cuatro años, el número de niños que trabaja ha aumentado en 8,4 millones, elevando hasta 160 el número de menores que desempeñan alguna tarea laboral señala un informe conjunto de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), publicado este jueves.

El estudio advierte que los avances para acabar con el trabajo infantil se han estancado por primera vez en 20 años, invirtiendo una tendencia a la baja que permitió reducir esta lacra en 94 millones entre 2000 y 2016.

Pero esas no son las únicas malas noticias que aporta el informe, lanzado un día antes de la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, ambos organismos advierten que la cifra todavía podría crecer más debido a debido a la COVID-19.

Se calcula que la pandemia del coronavirus podría abocar a nueve millones más de niños al trabajo infantil hacia finales de 2022 y que, según las predicciones de un modelo de simulación, esta cifra podría aumentar hasta los 46 millones si los menores carecen de acceso a una cobertura de protección social básica.

En cifras concretas, el reporte señala que se ha producido un aumento significativo del número de niños de 5 a 11 años que trabajan, una franja de edad que representa algo más de la mitad de la cifra total mundial, y que desde 2016 también creció en 6,5 millones el número de menores de 5 a 17 años que desempeñan tareas peligrosas, hasta alcanzar los 79 millones.

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El fallo constituye un acontecimiento inédito al ser la primera condena por este delito en Argentina. El proceso judicial se originó por la denuncia del ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.

La jueza del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Nº 14 de Villa Constitución, Marisol Usandizaga, condenó este jueves a un matrimonio de la localidad de Santa Teresa a un año de prisión de cumplimiento condicional por el delito de aprovechamiento económico ilegal de trabajo infantil en calidad de coautores.

El proceso judicial tuvo origen a partir de una denuncia hecha por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, Julio Genesini, tras una actuación realizada por inspectores de la cartera laboral en una plantación de arándanos en Santa Teresa.

“En 2016, tras un operativo a cargo de inspectores de nuestro Ministerio, se constató que varios menores de entre 12 y 16 años trabajaban en condiciones precarias en el cultivo de arándanos. A raíz de ello, formulamos una denuncia contra los empleadores, tal como lo establece la Ley Nacional 26.847 que incorporó la penalización del trabajo infantil”, señaló Genesini.

“Es un fallo que contribuye a generar conciencia. Esta es una práctica delictiva que tiene graves consecuencias jurídicas para quien incurra en ellas, no se trata de un tema menor”, dijo el ministro, y agregó que “el gobierno de Santa Fe extrema la tutela de los derechos de los niños y las niñas que no pueden ser sujetos del aprovechamiento económico en contravención de la ley laboral”.

“Estamos convencidos de que el trabajo no es cosa de chicos ni chicas. En ese sentido, este fallo es un hito que marca un punto de inflexión en la temática”, expresó.

Por último, ponderó “la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas como un objetivo prioritario para el gobierno de Santa Fe. Para ello, contamos con una red de 36 centros de Cuidado Infantil que funcionan en 25 localidades a lo largo de la provincia de Santa Fe”.

Genesini describió a estos centros como “espacios de atención integral para la protección social de niños de 0 a 4 años, como así también de contención de niños con trayectorias escolares discontinuas. De esta manera, muchos padres pueden cumplir sus jornadas de trabajo con la tranquilidad de que sus hijos más pequeños quedan en un lugar seguro, con cuidados acordes a su edad”.

TRABAJO ADOLESCENTE
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe, a partir de la Resolución 216/13, emite autorizaciones para que puedan trabajar adolescentes de 16 y 17 años o niños y niñas en los casos que tales excepciones estén contempladas por la Ley de Contrato de trabajo.

Las autorizaciones se otorgan con el objetivo de preservar en todos los casos, la salud física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, y su permanencia en el sistema educativo obligatorio.

Los tipos de autorizaciones, que se emiten teniendo en cuenta el Listado de tareas peligrosas diseñado por la provincia de Santa Fe, son para el trabajo adolescente protegido, es decir que no pueden ser ocupados por más de seis horas diarias o 36 semanales; para la extensión de jornada laboral, que en el caso de adolescentes de entre 16 y 18 años podrá ser extendida a ocho horas diarias o 48 semanales, previa evaluación de condiciones de trabajo; para trabajo adolescente protegido en empresa familiar, que incluye a adolescentes de entre 14 y 16 años que podrán ser ocupados en empresas de familia siempre que la jornada de trabajo no supere las tres horas diarias y las 15 semanales; y para el trabajo artístico, que contempla otorgar permisos individuales a niños, niñas y adolescentes que sean contratados para realizar trabajo artístico, previa evaluación de condiciones de trab ajo.

Para realizar consultas o denuncias ante posibles casos de trabajo infantil, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia cuenta con la línea telefónica gratuita 0800 555 3846.

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En 2016, durante un operativo sorpresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia se detectaron irregularidades en un campo de arándanos en Santa Teresa. Tras la denuncia penal, la causa va a juicio.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social realizó una denuncia en 2016 ante la detección de trabajo infantil en una plantación de arándanos en Santa Teresa (departamento Constitución), la cual fue elevada a juicio por el juez penal Ignacio Vacca. A los acusados, un matrimonio que explota la plantación, se les atribuye el delito de aprovechamiento ilícito de trabajo infantil, en calidad de coautores.

En el marco de una inspección realizada por la cartera laboral provincial, se constató que varios menores de entre 12 y 16 años trabajaban en condiciones precarias en el cultivo de arándanos. A partir de la inspección, el Ministerio formuló una denuncia contra los empleadores, tal como lo establece la Ley Nacional 26.847 que incorporó la penalización del trabajo infantil. La norma pena con prisión de 1 a 4 años al que “aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil”.

La resolución del juez Vacca, que da apertura al proceso judicial, atribuye a los acusados “haberse aprovechado económicamente del trabajo de al menos cinco menores de edad, haciéndoles recoger manualmente los frutos de la plantación de arándanos que poseen con los fines de la comercialización privada. Las tareas suponen un trabajo riesgoso, en condiciones insalubres y un esfuerzo excesivo para la edad de los niños, lo cual fue corroborado por personal del Ministerio de Trabajo en el establecimiento situado en Santa Teresa”.

El fiscal del caso pidió una pena de prisión de dos años para los acusados del delito de aprovechamiento económico de trabajo infantil, en calidad de coautores penalmente responsables.

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En cada rincón de nuestro país, a diario, miles de niños dejan de ser niños. Se trata de una realidad abrumadora y perversa que es urgente cambiar.

El 12 de junio se conmemora el Día Mundial Contra el Trabajo Infantil, una fecha instaurada por la Organización Internacional del Trabajo con el fin de alertar a la población acerca de este flagelo que afecta a millones de niños en todo el mundo. Según datos del Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, hay más de 150 millones de niños que trabajan en todo el mundo. Argentina no escapa a esta situación. Según datos del Barómetro de la Deuda Social, hay más de un millón de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17 años que trabajan.

Trabajo infantil es toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia remunerada o no, realizada por niñas, niños y adolescentes que se encuentran por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria, o bien que no han cumplido los 18 años si se trata de trabajo peligroso.

Como en todo fenómeno social, es imposible analizar el trabajo infantil aislado de otros factores que inciden sobre él. Necesidades básicas insatisfechas, aspectos culturales, dificultad de acceso a servicios y bienes, entre otros aspectos, inciden en las configuraciones socio-familiares que conducen al trabajo infantil. A diario presenciamos situaciones en las que los niños, por diversas estrategias de supervivencia y organización familiar, quedan expuestos a un prematuro ingreso al mercado laboral. Esta situación se repite en centros urbanos y áreas rurales de nuestro país lo que condiciona el presente y futuro de cada niño, de cada familia y de la sociedad en su conjunto.

Cada vez que un niño o adolescente se ve obligado a trabajar, sea a cambio de una retribución económica o no, sus posibilidades de desarrollarse integralmente y alcanzar su máximo potencial se ven afectadas. El trabajo infantil constituye una vulneración severa a los derechos de niños, niñas y adolescentes que en muchos casos permite suponer otras vulneraciones tales como el abandono escolar, la falta de cuidados en la salud, la imposibilidad de jugar y descansar adecuadamente, solo por mencionar algunas de ellos.

En Argentina, que un niño o niña trabaje, de manera remunerada o no, constituye un delito. El trabajo está prohibido para niños por debajo de los 16 años, de acuerdo a la Ley N° 26.390 de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente.

En esta dirección la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CONAETI) coordina, evalúa y da seguimiento a los esfuerzos para prevenir y erradicar el trabajo infantil. Esta entidad tiene su correlato en la COPRETI, Comisiones Provinciales para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil que coordina las actividades que se implementan en cada jurisdicción del país.

Ahora bien, está claro que no es suficiente con la existencia de legislación y organismos nacionales que velen por la protección de los niños, niñas y adolescentes. Es imprescindible un cambio colectivo que garantice a cada niño, niña y adolescente las mismas posibilidades de crecer y desarrollarse. En esta dirección, la erradicación del trabajo infantil es una de las metas a alcanzar entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030, que convoca a empresas, organizaciones sociales, gobiernos, y a la sociedad en general a comprometerse por un futuro de equidad y protección para los niños.

El ejercicio pleno de derechos es el único camino que nos asegurará un futuro mejor para cada niño y niña.

Fuenete: Telám

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