Una fiscal de la ciudad santafesina de Rosario afirmó el martes que el “99,9 por ciento” de los llamados extorsivos que sufren personas y comercios son realizados “desde unidades penitenciarias” locales, y dijo que los reclusos “están desde la mañana a la noche con el teléfono”.

La fiscal Valeria Haurigot, que integra la unidad dedicada a investigar las balaceras en la estructura del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario, afirmó que las cada vez más frecuentes extorsiones a comerciantes a quienes les exigen dinero para no atentar contra sus locales “se administran desde unidades penitenciarias”.

En esa línea, la fiscal adelantó que en las audiencias para imputar ese tipo de delitos comenzará a solicitar “restricciones a las comunicaciones y visitas” de las personas privadas de la libertad, lo que colisiona con los derechos de los presos.

En los últimos años, la modalidad de extorsiones a comerciantes o individuos para exigirles dinero a cambio de “protección” se hizo más frecuente en Rosario.

Ese delito está asociado a otro, las balaceras, que en lo que va de este año (46 días) se registraron en un número de casi 200 en Rosario, más de cuatro por día, según voceros judiciales.

Una porción de ellas obedece a extorsiones previas en las que las víctimas no acceden al chantaje.

Según la fiscal Haurigot, “el 99,9 por ciento (de las extorsiones y balaceras) son de unidades penitenciarias”. Y agregó: “Son de grupos arraigados en la criminalidad, pero también de otros” de menor complejidad.

La fiscal sostuvo en declaraciones a “Radio Dos” de Rosario que los presos “están desde la mañana a la noche con el teléfono”, cuadro que catalogó de “gravísimo”.

“Esto nos obliga a cambiar los pedidos en las audiencias ante un juez. Es para nosotros un abuso en los derechos de los internos”, afirmó.

Según explicó “a través de la visita o el ingreso de celulares; o por el derecho a la comunicación, usan todo el día el teléfono y no para cuestiones concretas familiares”.

Haurigot sostuvo que “ahí se abre una ventana, una puerta para cometer delitos”, que se ve reflejada en las investigaciones de la unidad que integra.

Hace dos semanas, dos casos se hicieron públicos ante la decisión de los propietarios de dos comercios, una carnicería y una agencia de automóviles, que cerraron sus negocios tras ser amenazadas y baleados.

La fiscal señaló que el incremento de hechos hizo que la unidad realizara una división de los casos.

Las (extorsiones) de comerciantes específicos provienen de bandas arraigadas en la criminalidad”, afirmó, para añadir que “también se agrega otro problema: en otros pabellones de presos que no son de alto perfil, se suben a esta modalidad”.