Una mujer de 22 años cuyas iniciales son FPP quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación en la que está imputada como autora del delito de encubrimiento agravado. La medida cautelar fue impuesta por la jueza Sandra Valenti en una audiencia llevada a cabo en la mañana de hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.

Los fiscales que representaron al MPA en la audiencia son Gonzalo Iglesias y Ana Laura Gioria, quienes sostuvieron que “la mujer que quedó hoy en preventiva encubrió a la menor de edad y a uno de los hombres imputados –de iniciales CBF– por el robo y homicidio de Hugo Oldani”.

Los hechos

“FPP ya había sido identificada, estaba prófuga y pesaba sobre ella una orden de detención”, aclararon los fiscales Iglesias y Gioria. “Los ilícitos por los que se la investiga consistieron en ayudar a CBF y a la menor edad que son investigados por el robo y homicidio de Oldani”, agregaron.

“En relación a la ayuda brindada al hombre imputado, consistió en haberlo ocultado en su casa a pesar de que sabía que estaba siendo buscado por autoridades policiales y judiciales”, explicaron los fiscales. “Finalmente, esa vivienda fue el lugar en el que fue detenido el imputado en el marco de un allanamiento”, añadieron.

Iglesias y Gioria también se refirieron al otro ilícito atribuido a FPP. “También ayudó a eludir el accionar de la Justicia a la menor de edad involucrada en los delitos en perjuicio de Oldani. Lo hizo a pesar de que sabía que la menor estaba siendo buscada por autoridades policiales y judiciales”, informaron. Asimismo, los representantes del MPA sostuvieron que “dicha ayuda consistió en haber trasladado a la menor por calles internas de diversos barrios de la ciudad para intentar evitar que fuera detenida, objetivo que finalmente no logró”.

Auto robado

Durante la audiencia realizada esta mañana, los fiscales también se refirieron al otro hecho ilícito atribuido a la mujer. “El miércoles de la semana pasada la imputada circulaba por la avenida Gobernador Freyre en un automóvil robado y que había recibido a pesar de que sabía que había sido sustraído ilegítimamente a su propietario”, relataron.

Los fiscales precisaron que “a la altura del 3.500 fue detenida en el marco de un procedimiento realizado por personal de la Policía Comunitaria. Se le solicitó la documentación del vehículo en el que transitaba (un automóvil marca Citroen modelo Picasso) y utilizó una tarjeta de identificación apócrifa”.

Los fiscales concluyeron que “la documentación que la mujer tenía en su poder y que exhibió al personal policial era de otro vehículo Citroen Picasso cuyo dominio es diferente del que conducía”.

Calificación penal

Los fiscales detallaron que “por la ayuda que brindó a las dos personas imputadas por el robo y homicidio de Oldani, se le atribuyó la autoría del delito de encubrimiento agravado (por ser el hecho precedente un delito especialmente grave) reiterado en dos oportunidades”. Por otra parte, los funcionarios del MPA detallaron que “por transitar en el vehículo robado y utilizar documentación apócrifa, se le atribuyó la autoría de encubrimiento y uso de documento falso”.

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Más de 1,6 millones de personas recibieron este domingo la orden de evacuación ante la llegada al sur de Japón del tifón Haishen, el más potente en esta zona de las últimas décadas, que llega acompañado con fuertes lluvias y vientos que ya provocaron los primeros estragos.

Un responsable de la Agencia Meteorológica de Japón, Yoshihisa Nakamoto, instó a la ciudadanía a permanecer “en máxima alerta” y a abandonar la zona cuanto antes, en la medida en que la tormenta avanza con vientos máximos sostenidos de 162 kilómetros por hora y picos de hasta 216 kilómetros por hora, consignó la agencia DPA.

Haishen, el segundo tifón que golpea el sur de Japón en una semana, obligó a cancelar vuelos entre el domingo y el lunes, mientras que numerosas líneas de trenes permanecen suspendidas de forma temporal.

Entre otras consecuencias, preocupa los efectos que pueda tener el temporal en la isla de Kyushu, donde recomendó la evacuación de 1.670.000 personas, entre ellas 730.000 de la ciudad de Kumamoto.

Hasta el momento, casi 40.000 hogares están ya sin luz en Kyushu y en la vecina isla de Okinawa.

La recomendación de evacuación en Kyushu lleva aparejada también otra de distanciamiento social, para evitar que los refugios puedan convertirse en focos de contagio de coronavirus.

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Un profesional de la salud de la ciudad de San Guillermo (departamento San Cristóbal) quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación que encabeza la fiscal Flavia Burella en la que está imputado como autor de delitos contra la integridad sexual de una paciente.

La medida cautelar fue dispuesta por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Juan Gabriel Peralta, en una audiencia llevada a cabo hoy de forma remota a través de la aplicación Zoom. El magistrado participó desde su despacho en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) en San Cristóbal, mientras que la fiscal del MPA lo hizo desde la sede de la Fiscalía Regional en Rafaela. Por su parte, el abogado defensor estuvo en su estudio y el detenido en la alcaidía, ambos en la ciudad de San Cristóbal.

El hombre investigado tiene 58 años, sus iniciales son CMB, es médico ginecólogo y atiende en un consultorio de San Guillermo. “De acuerdo a la denuncia de la víctima, el abuso se produjo en esa clínica el miércoles de la semana pasada alrededor de las 9:00 de la mañana”, precisó la fiscal Burella, a cargo de la sección de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Unidad Fiscal San Cristóbal.

Consulta médica

“La agresión sexual fue en el marco de un examen médico ginecológico que el imputado le estaba realizando a la víctima”, informó Burella. “El hombre aprovechó el vínculo de confianza propio de la relación médico–paciente y, sin el consentimiento de la mujer, la agredió sexualmente”, sostuvo la fiscal del MPA en la audiencia de hoy.

Burella también remarcó que “el hombre investigado actuó con conocimiento y voluntad de abusar sexualmente de la mujer”.

Detención

La fiscal Burella detalló que “el imputado fue detenido el pasado viernes en horas de la tarde en el marco de un allanamiento realizado en su domicilio particular en la ciudad de San Guillermo”.

Por último, la funcionaria del MPA concluyó que “a pesar de la relación laboral que el imputado tiene con la policía de la provincia de Santa Fe, los integrantes de la fuerza que participaron tanto en el allanamiento y en la detención como en la investigación propiamente dicha, lo hicieron con absoluta profesionalidad”.

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Se trata del mismo tribunal que en noviembre del año pasado había beneficiado a De Vido con una prisión domiciliaria, con tobillera electrónica.

El ex funcionario permanece detenido desde el 25 de octubre de 2017 y tras la resolución del TOF1 podrá recuperar la libertad de manera inmediata.

Entre sus argumentos, el tribunal consideró que no existe “peligro de fuga o entorpecimiento de la investigación”.

En septiembre de 2019, la Justicia había enviado a juicio oral a De Vido y a su ex mano derecha Roberto Baratta en la causa por presuntas irregularidades con el manejo de fondos públicos en obras en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio, en Santa Cruz.

El fallo de este miércoles por la tarde lleva las firmas de los jueces de cámara Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico.

Los magistrados resolvieron que la libertad de De Vido se haga efectiva “en el día de la fecha”, en tanto el ex funcionario deberá comparecer ante la Justicia en forma mensual.

En lo inmediato, el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo deberá concurrir ante el TOF1 mañana a las 11:00, “a fin de confeccionar el acta correspondiente”.

A su vez, se solicitará a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica implementado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación que cesen con la supervisión oportunamente ordenada, después de que la Justicia dispusiera la prisión domiciliaria de De Vido.

Finalmente, los jueces del TOF1 decidieron, además, mantener la prohibición de salida del país sin autorización previa y la retención del pasaporte del ex funcionario.

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Se trata de los insecticida Ambiental contra Mosquitos, marca “Fuyi” y “Fuyi Sin olor”, insecticida Ambiental contra Mosquitos, marca “Raid” y “Raid Sin olor”.

La medida se debe a que se detectó un desvío de calidad en las válvulas de algunas unidades de estos cuatro productos: al pulsar la válvula de aplicación, en algunas de las unidades se presenta pérdida de contenido hacia el exterior del envase pudiendo tomar contacto con la piel.

Dicho desvío afecta a todos los lotes fabricados y comercializados de estos cuatro productos. Por lo expuesto, la ANMAT recomendó abstenerse de adquirir los productos insecticidas mencionados y en caso de poseer alguna de las unidades que presente la falla, evitar su uso.

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El Tribunal Oral en lo Penal Económico 1 ordenó la detención del empresario de la carne Alberto Samid por no presentarse a escuchar el veredicto que iba a dictarse hoy en su contra en el marco de una causa por asociación ilícita y evasión.

Fuentes judiciales informaron que por unanimidad el Tribunal dispuso la detención al no presentarse durante el domingo, día inusual convocado en una última audiencia de juicio, y tampoco este miércoles en que estaba programado el veredicto.

El juicio se realiza los sábados y domingos para abreviar los plazos de la duración del juicio.

Samid debía presentarse y no lo hizo en una audiencia que tuvo lugar el pasado fin de semana. Tampoco se presentó ante el TOPE 1 este miércoles que tenía programado dictar un veredicto en el cual se definía si el matarife iba o no a ser condenado.

El fiscal en lo penal económico Gabriel Pérez Barberá había pedido la semana pasada seis años y seis meses de prisión, al considerar que fue parte de una asociación ilícita a través de la cual se evadían impuestos de la comercialización de carne.

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