Diez personas fueron procesadas ayer por el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe por el delito de intermediación financiera no autorizada, en el marco de la causa que alcanza a integrantes y allegados de la firma “Turismo Oldani SRL”.

La decisión incluyó el embargo de bienes de los acusados hasta cubrir, en cada caso, 500 mil pesos, y fue adoptada en línea con la acusación de la Fiscalía Federal N°2 de esa jurisdicción, en quien se encuentra delegada la pesquisa.

El fiscal federal Walter Rodríguez había solicitado las indagatorias en noviembre pasado, que fueron ordenadas por el juez Marcelo Bailaque y concretadas en marzo de este año. Ahora el magistrado resolvió la situación de las personas imputadas -siete mujeres y tres varones- convalidando la hipótesis acusatoria del Ministerio Público Fiscal, al considerar acreditada su responsabilidad en los hechos según el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso.

Tras evaluar los resultados de las medidas desarrolladas durante la investigación -iniciada en febrero del año pasado, tras el crimen del empresario Hugo Oldani-, el juzgado federal concluyó que “se reúnen elementos de convicción suficientes como para fundamentar el mero juicio de probabilidad -no de certeza- acerca de los extremos fácticos y jurídicos de las imputaciones, esto es que pudo haberse cometido un hecho que la ley tipifica como delito”.

“Es posible afirmar -continuó Bailaque- con suficiente verosimilitud que a partir de fecha indeterminada pero presumiblemente desde el año 2018 y hasta el día 11 de febrero de 2020, en los locales ubicados en calle La Rioja 2441/5 (‘Galería Rivadavia’) de la ciudad de Santa Fe donde funcionaba la firma TURISMO OLDANI SRL, el fallecido Hugo Ernesto Cesar Oldani tenía la sede central de sus negocios y en ese marco se llevaron a cabo distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas al sistema financiero, por parte del nombrado y terceras personas, entre las cuales se encuentran los imputados en las presentes, quienes no estaban habilitados para realizarlas”.

Según la resolución judicial, en el ámbito de Turismo Oldani “se llevaron a cabo distintas maniobras de manera habitual y con alcance interjurisdiccional reservadas al sistema financiero”

Cabe recordar que esta causa se originó a partir de elementos que quedaron al descubierto en la escena del crimen de Oldani, quien fue baleado en su oficina. De allí habrían desaparecido más de tres millones de pesos y 1,1 millón de dólares, lo que motivó una denuncia por parte del ministro de Seguridad provincial y a que haya otra investigación en curso al respecto.

La resolución agrupó las actividades aludidas en cuatro modalidades:

• obtención de dinero otorgado por terceros a favor de Hugo Ernesto César Oldani por tiempo determinado a cambio de una tasa de interés y con la posibilidad de renovación;
• búsqueda de tenedores de cheques con voluntad de cederlos a cambio de dinero líquido que se entregaba a plazo (5 días) y condicionado a acreditación bancaria (con aplicación de multa en caso de rechazo), a quienes Oldani les descontaba un porcentaje calculado sobre el monto del cartular al momento de la entrega del efectivo;
• colocación de los recursos financieros obtenidos de tres maneras: préstamos inmediatos como “rueda de auxilio” a favor de terceros en operaciones propias de aquellos y con escaso plazo de devolución (24/48 horas); préstamos de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y con opción de recupero en caso de devolución del efectivo con antelación a la fecha de vencimiento, y préstamos de dólares estadounidenses cuya devolución se pactaba en cuotas mensuales, con opción de pagarlas en moneda nacional, considerando la cotización de la divisa en el mercado informal al día de su cumplimiento;
• utilización del mecanismo en virtud del cual particulares ingresan divisas al país o las transfieren al exterior, a cambio de una comisión de servicio calculado sobre el monto de la operación.

La fiscalía federal había solicitado las indagatorias de la hija de Oldani, Virginia y una empleada de la sociedad, respecto de quienes el juez consideró que “realizaron aportes individuales, actuando bajo la dependencia y directivas de Hugo Ernesto César Oldani como sus brazos ejecutores”; de la presidenta de Mediterránea Sociedad de Bolsa SA, con asiento en Santa Fe, sobre quien se indicó que realizó un aporte individual por fuera de la estructura de la firma Turismo Oldani SRL, a través de “un vínculo horizontal” con Oldani para la operatoria de préstamos, con cheques y de divisas;  y de otros siete hombres, dos de los cuales serían operadores del Grupo Carey SA, con sede en Rosario, firma dedicada a servicios financieros y asesoramiento bursátil, principalmente a las operatorias con cheques –proveyéndolos, recibiéndolos y depositándolos a través de terceras personas-, pero también en la compra-venta de moneda extranjera. Uno de ellos, además, integra la Asociación Mutual 29 de noviembre.

Para el MPF, la hija y una empleada de la firma actuaron “bajo la dependencia y directivas de Hugo Ernesto César Oldani como sus brazos ejecutores”

La prueba analizada y la calificación legal de los hechos

Para resolver la situación procesal se analizaron informes investigativos, prueba documental y constancias incorporadas a la investigación dirigida por el MPF, entre las que se incluyen informes de la AFIP, del Banco Central -que notificó que la compañía no estaba habilitada para desplegar este tipo de actividades-, de registros de la Propiedad y de Comercio y pericias sobre teléfonos celulares, entre otros elementos.

El juez de la causa consideró que los hechos endilgados encuadran en la figura prevista y penada por el artículo 310 del Código Penal, que establece que “será reprimido con prisión de uno (1) a cuatro (4) años, multa de dos (2) a ocho (8) veces el valor de las operaciones realizadas e inhabilitación especial hasta seis (6) años, el que por cuenta propia o ajena, directa o indirectamente, realizare actividades de intermediación financiera, bajo cualquiera de sus modalidades, sin contar con autorización emitida por la autoridad de supervisión competente”. “El bien jurídico tutelado por la norma –contextualizó- es el orden económico y financiero, entendido éste como la integridad del sistema financiero, que dependiendo de las características del caso, puede sufrir un impacto por esta operatoria ilícita”.

El fiscal federal Walter Rodríguez dictaminó que no se reunieron los elementos “mínimos y necesarios que permitan el mantenimiento de la acción penal pública” en una causa que comenzó en la justicia provincial de Santa Fe y luego se radicó en la justicia federal por el presunto delito de violación de secretos, tras la difusión de dos imágenes en un medio gráfico digital y en un programa de televisión nacional que mostraban fajos de dinero que luego no fueron hallados, en el marco de la causa por el homicidio del empresario Hugo Oldani en una galería del centro de la ciudad, que luego derivó en una pesquisa por intermediación financiera no autorizada.

Al emitir su opinión, el fiscal federal consideró que el caso bajo examen “constituye una muestra reivindicatoria de la necesidad de proteger la libre circulación de las noticias, ya que en respuesta a la publicación que daba cuenta de la desaparición irregular de una elevada suma de dinero encontrada en la escena del hecho donde el día 11 de febrero pasado resultó gravemente herido Hugo Oldani, un órgano del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, el MPA, utilizó de oficio sus facultades dirigidas a lograr la intervención del derecho penal, concebida como una herramienta de última ratio”.

Esa causa comenzó tras la publicación realizada el 22 de febrero de 2020 en el sitio web “zonacríticaonline.com”, en la cual aparecen dos fotografías con fajos de dinero –y la aclaración de que habían sido ventiladas con anterioridad en el programa televisivo “GPS” de la señal A24- que la fiscal del caso, Cristina Ferraro, identificó como correspondientes al relevamiento realizado durante la noche del hecho en el interior de los locales 29 y 30 de la “Galería Rivadavia” de la ciudad de Santa Fe, donde se ubica la agencia de turismo “Oldani”, y cuya difusión, sostuvo la magistrada local, no había sido autorizada. También puntualizó que no se había permitido a las partes legitimadas el acceso a tales registros. Por ese motivo advirtió la posible existencia de un delito y dio conocimiento a su superior jerárquico, el fiscal Regional Carlos Arietti, quien ordenó la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos “para dar inicio a la Investigación Penal Preparatoria”. La pesquisa quedó a cargo de la fiscal Mariela Jiménez e incluía -además de la violación de secreto- otras hipótesis delictivas relacionadas al caso “Oldani” ajenas al homicidio, que luego quedarían radicadas en la justicia federal.

Para el fiscal, el caso bajo examen “constituye una muestra reivindicatoria de la necesidad de proteger la libre circulación de las noticias”

Los argumentos del fiscal federal

Rodríguez señaló que resulta irrelevante para el derecho penal la difusión de las imágenes marcada por la cantidad de dinero que ellas exhiben. En esa línea, destacó lo sugestivo de su hallazgo en la escena del hecho donde se produjo el homicidio de Hugo Oldani, “pese a lo cual no fue secuestrado, ni contabilizado y menos aún identificados los billetes por número de serie, sino desaparecido como rastro, prueba o instrumento del delito”. Por esos motivos, el fiscal federal incluso denunció, en septiembre del año pasado, a su colega local Ferraro por encubrimiento agravado.

“Tal impulso investigativo -en estas especiales circunstancias- es demostrativo de un desvío de poder, y en ese contexto considero que ninguna medida de averiguación dirigida a los periodistas que difundieron las imágenes puede tolerarse constitucionalmente sin poner en duda, al mismo tiempo, el derecho que les asiste de preservar sus fuentes de información, en el entendimiento que, de lo contrario, se tornaría ilusorio el desarrollo de la tarea profesional asignada a la prensa”, resaltó.

“Ninguna medida de averiguación dirigida a los periodistas que difundieron las imágenes puede tolerarse constitucionalmente sin poner en duda, al mismo tiempo, el derecho que les asiste de preservar sus fuentes de información”, aseveró la fiscalía.

Por otra parte, el fiscal consideró en su dictamen que, con respecto a una posible situación de perjuicio a la causa por la difusión de las imágenes, “deviene innecesaria tal comprobación en la medida que las imágenes difundidas no tienen conexión con hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley resulten materialmente objeto de protección. En otras palabras, ese dinero sacado de la escena del hecho no forma parte del caso como elemento material, ya que ni siquiera existe una constancia de su secuestro o devolución, y por lo tanto, no se trata de un documento”.

Finalmente, Rodríguez sostuvo que el contenido de su dictamen debía ser comunicado tanto al responsable editorial del sitio web “zonacríticaonline.com” como a la producción del programa televisivo “GPS” de la señal A24. Fue tras valorar “el principio funcional de transparencia indicativo de que los fiscales tenemos el mandato legal de brindar información acerca de los criterios que orientan la persecución y selectividad penal para evaluar el desempeño de los funcionarios”, en alusión al artículo 9 inciso “i” de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°2 de Santa Fe, Walter Rodríguez, solicitó el llamado a prestar declaración indagatoria de diez personas y la inhibición general de sus bienes en el marco de la investigación por el delito de intermediación financiera no autorizada realizadas desde la firma “Turismo Oldani SRL”. La pesquisa avanzó a partir de elementos que quedaron al descubierto en la escena del crimen de Hugo Ernesto César Oldani, quien fue baleado en su oficina el 11 de febrero pasado. Para la fiscalía, se está frente a un “esquema de negocios paralelos que funcionaba bajo el paraguas protector y aparente de una agencia de turismo”.

La presentación del representante del MPF es el corolario de las medidas de investigación desarrolladas en los últimos meses. El Banco Central informó que la firma no se encontraba habilitada para la realización de actividades de compra, venta, ofrecimiento, y/o colocación de valores negociables u otros instrumentos financieros como cheques, pagarés, acciones y letras de cambio. Esos informes contrastan con el cálculo de dinero desaparecido de la escena del crimen -por el que existe otra investigación en curso-, que serían más de tres millones de pesos y 1,1 millón de dólares. Aquella suma, calculada en un peritaje de la Policía Federal, es “injustificada a la luz de la actividad general de la empresa de turismo en su contexto particular”, indicó la fiscalía. El hilo conductor del pedido de declaración indagatoria es el resultado del análisis forense practicado sobre el teléfono celular de Oldani, que demuestra -a partir de chats y audios de Whatsapp- sus conexiones con otras firmas y operadores del sistema financiero, la operatoria y los roles desempeñados por imputados e imputadas.

“Podemos afirmar que Oldani celebraba operaciones de envergadura patrimonial a partir de una logística que incluía la utilización de automotores que ingresaban y estacionaban en dársenas de un garaje que se encuentra al frente de la Galería ‘Rivadavia’, conducidos por sujetos que bajaban de los vehículos con cajas de cartón que eran introducidas a la casa de turismo, y luego, volvían a llevar esas mismas cajas a sus rodados”, indicó el fiscal en su presentación. En la galería se encontraba la firma de Oldani, lugar en el que fue hallado su cuerpo.

El fiscal imputó a la hija de Oldani, Virginia; a una empleada de la firma; a la presidenta de Mediterránea Sociedad de Bolsa SA, con asiento en Santa Fe; y a otros siete varones, dos de los cuales son operadores del Grupo Carey SA, con sede en Rosario, firma dedicada a servicios financieros y asesoramiento bursátil. Uno de ellos, además, integra la Asociación Mutual 29 de noviembre.

De acuerdo con la imputación de la fiscalía, las operaciones se habrían realizado desde 2018 hasta el día del homicidio, el 11 de febrero pasado. Esas operaciones de intermediación financiera tuvieron cuatro modalidades:

• Operaciones de plazo fijo tradicional celebradas en pesos y dólares.

• Cambio y descuento de cheques, con el cobro de una comisión variable entre el 3 ciento y el 3,5 por ciento calculado sobre el monto, y la aplicación de una penalidad fijada en 700 pesos de gastos en casos de devolución.

Se encontraron operaciones con 825 cheques por un monto total de 17.437.797,54 pesos, originados en cuentas de libradores distribuidos en distintas provincias del país: Entre Ríos (263), Buenos Aires (74), Tucumán (40), Córdoba (28), CABA (24), Corrientes (13), Santiago del Estero (8) y Salta (7). El total de 825 cheques fueron librados por 675 sujetos distintos. Otros 289 cheques que totalizan 4.617.156,40 de pesos son al portador y no se encuentran endosados.

• Colocación de recursos financieros obtenidos en préstamos inmediatos a favor de terceros en operaciones a corto plazo; préstamos de dinero con aplicación de intereses garantizado con la entrega de cheques propios del tomador y con opción de recupero en caso de devolución del efectivo con antelación a la fecha de vencimiento; y préstamos de dólares con devolución en cuotas mensuales con opción de pago en moneda nacional con la cotización del mercado informal.

• “Dólar cable”, con ingreso al país de divisas o transferencias al exterior, una modalidad que se realizaba con la estricta “confianza” de los operadores, dado que el negocio se corroboraba posteriormente con el ingreso en la cuenta de destino. Una de las variables más frecuentes era la compensación del egreso de divisas con fondos que otro cliente deseaba ingresar. La comisión de este servicio se calculaba sobre el monto de la operación. De acuerdo con el pedido de indagatoria, en la causa “surge que Oldani tenía en Grupo Carey S.A. dos cuentas, una en pesos y otra en dólares, sobre las cuales consultaba periódicamente sus respectivos saldos. Estas cuentas, a las que Oldani enviaba grandes sumas de dinero y valores mediante terceras personas o encomiendas, habrían sido utilizadas para canalizar transferencias de dinero dentro y fuera del país –entre otras operatorias–”.

Denuncia ante el Banco Central

En la presentación, de más de ochenta de páginas, el fiscal Rodríguez adelantó que presentaría una denuncia ante el Banco Central por infracciones al Régimen Penal Cambiario contra siete personas físicas y dos personas jurídicas que habrían participado de “un significativo volumen de conversaciones relativas a las operaciones de compra y venta de moneda extranjera (dólares, euros, reales y libras en menor medida), que se habrían llevado a cabo en el marco de la economía informal”.