En una movida sorprendente, el reconocido economista y líder político Javier Gerardo Milei ha propuesto un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impacta directamente en el ámbito de los contratos de alquiler, en particular, sobre la Ley de Alquileres. El DNU, que lleva el título “Justicia”, introduce cambios significativos en el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994).

Qué dice el DNU de Milei sobre la Ley de Alquileres

La primera medida destacada del DNU es la derogación de la Ley N° 27.551, marcando un quiebre con la legislación existente en materia de alquileres. A continuación, se detallan algunas de las modificaciones más relevantes introducidas por el DNU:

• Concepto de Obligación de Dar Dinero: El artículo 250 del DNU sustituye el artículo 765 del Código Civil y Comercial, estableciendo claramente que la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable. Además, se destaca que los jueces no pueden modificar la forma de pago o la moneda pactada por las partes.
• Libertad de Contratación: El artículo 252 del DNU sustituye el artículo 958 del Código Civil y Comercial, enfatizando la libertad de las partes para celebrar contratos y determinar su contenido, dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Las normas legales se aplican supletoriamente a la voluntad de las partes expresada en el contrato.
• Control Judicial de Cláusulas Abusivas: El artículo 254 del DNU sustituye el artículo 989 del Código Civil y Comercial, estableciendo que la aprobación administrativa de cláusulas generales no obsta a su control judicial.
• Plazo de Locación de Inmueble: El artículo 256 del DNU sustituye el artículo 1198 del Código Civil y Comercial, estableciendo que el plazo de las locaciones será el establecido por las partes. En caso de no establecerse plazo, se atenderá a los usos y costumbres o a plazos específicos para diferentes destinos.
• Moneda de Pago y Actualización: El artículo 257 del DNU sustituye el artículo 1199 del Código Civil y Comercial, permitiendo que los alquileres se establezcan en moneda de curso legal o extranjera, según el acuerdo de las partes. También se permite pactar el ajuste del valor de los alquileres mediante índices acordados por las partes.
• Resolución Anticipada: El artículo 262 del DNU sustituye el artículo 1221 del Código Civil y Comercial, otorgando al locatario la posibilidad de resolver el contrato en cualquier momento, abonando el diez por ciento (10%) del saldo del canon locativo futuro.

Estos cambios, impulsados por Milei a través del DNU, generan un impacto significativo en el marco legal de los contratos de alquiler, abriendo el debate sobre la libertad contractual y la intervención del Estado en las relaciones privadas. La reacción de la sociedad y los actores involucrados en el mercado inmobiliario será crucial para determinar el futuro de estas medidas.

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Según lo informa el colega y periodista Adriel Driussi, la Conmebol en estos momentos sancionó severamente al Club de Barrio Centenario por los gravísimos hechos de violencia acaecidos entre hinchas sabaleros y la policía en las afueras del estadio.

La multa sería de U$s 98.000 y clausura total de la tribuna Sur, sanción que ya ha sido efectuada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe para los eventos deportivos a realizarse en concepto del Torneo Local.

“Conmebol impuso a #Colón una multa de USD $98.000 por los incidentes ante #Peñarol. Además, le clausuran por 3 partidos la Tribuna Sur en partidos internacionales y advierte que si vuelven a ocurrir hechos similares, jugará a puertas cerradas.” confirmó el periodista en sus redes sociales.

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Los empresarios gastronómicos fueron los que más sufrieron por el parate obligado que significó la cuarentena. Pero desde hace un tiempo comenzaron a trabajar, otra vez, e intentan dejar atrás todos los meses en los que la recaudación fue igual a cero.

Sin embargo, algunos tendrían problemas para poder terminar de sacar la cabeza del agua. Así lo manifestó el dueño de un bar en Santa Fe, luego de que la Municipalidad les hiciera una multa que, según él indica, no tiene fundamentos.

“Increíble, pero 8 meses sin poder trabajar en el bar, abrimos y cuando comenzamos a levantar cabeza nos encontramos con acciones de la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe”, escribió Luis Holzinger, dueño de Stanley, el reconocido bar ubicado en plena recoleta santafesina.

Según indicó en un descargo de Facebook, en la noche del 4 de febrero realizaron en su bar un evento bailable, pero se siguieron todos los protocolos. “Hicimos el Rock & Blues a cargo de la genial Mona Moon y cerramos a la hora 00:00 siempre cumpliendo con todo”, escribió. Y continuó: “Con respecto a esas imágenes que adjuntan (en la multa), fueron extraídas del último evento de Tango que tuvimos el año pasado y antes de la cuarentena”.

El dueño del lugar dijo que ponía a disposición de la Municipalidad las cámaras del bar y la información de la empresa de alarmas, donde dice el horario de cierre del local, además de los cientos de clientes que podrían oficiar de testigos.

“Si cometemos errores corresponde la sanción, si no lo hacemos NO DEBERIAMOS ser apercibidos por nada. En un Estado de Derecho las cosas son así”, dijo indignado el dueño, quien aseguró que no pudo comunicarse con ninguna autoridad de la Ciudad y por eso se decidió a hacer el descargo en Facebook.

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El desembarco de Uber en Santa Fe generó polémica desde el minuto cero y, a pesar de la negativa de la municipalidad, aun sigue sumando nuevos capítulos. Este viernes por la mañana, en pleno microcentro santafesino, la Secretaria de Control de la Municipalidad de Santa Fe retuvo dos vehículos que funcionaban con la aplicación.

Los conductores de dichos vehículos fueron multados y los moviles trasladados al corralón municipal y se les labró el acta correspondiente. Según indicaron fuentes municipales, las multas oscilan entre los $20 mil y $100 mil.

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La suma total de la multa equivale a $3.789.842,12 Así lo plantearon los funcionarios del MPA en la audiencia preliminar realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe ante la jueza Susana Luna.

El imputado tiene 43 años, sus iniciales son OAC y fue investigado por el incremento de su patrimonio entre 2013 y 2017 inclusive, mientras prestaba servicio en la policía de la provincia de Santa Fe.

“En enero del año pasado, la división de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos de la policía le requirió que justifique el aumento extraordinario de su patrimonio en esos cinco años”, informaron los fiscales. “A pesar de su obligación de hacerlo por su condición de funcionario público, no lo hizo”, indicaron.

Desproporcionado

Hernández y Jiménez recordaron que “la investigación se inició a raíz de una denuncia anónima de diciembre de 2013. La División de Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos recopiló información de los bienes y deudas del imputado, y de allí surgió el pedido de justificación del incremento patrimonial”. También señalaron que “una vez reunido el material probatorio, se le requirió al imputado que justifique la procedencia de los fondos utilizados para la adquisición de los bienes. Si bien realizó un descargo en enero de 2019, no acompañó ningún documento respaldatorio que sustente sus dichos”.

“Investigaciones Patrimoniales de Asuntos Internos entendió que existían inconsistencias entre el nivel de ingresos y los bienes y deudas que integran el patrimonio del suboficial de la policía”, sostuvieron. En tal sentido, enumeraron que “de la investigación llevada a cabo se desprende que entre 2013 y 2017, el imputado realizó transacciones con tres automóviles; dos camionetas; un cuatriciclo; una motocicleta; dos embarcaciones y un inmueble de 374 metros cuadrados ubicado en Sauce Viejo”, y añadieron que “el acusado es propietario de otros bienes, entre ellos, un inmueble en la zona norte de la ciudad de Santa Fe”.

“El monto que no pudo justificar el imputado asciende a 1.660.536,36 pesos, tal como ratificó un perito contable contratado por la Fiscalía General”, subrayaron Hernández y Jiménez. “Estamos ante un incremento patrimonial apreciable y desproporcionado, que representa más del doble del total de los ingresos que percibió como funcionario policial durante los cinco años relevados”, hicieron hincapié los fiscales.

“Aún percibiendo el triple de lo que recibía en carácter de salario, no llega a justificar su incremento patrimonial”, sintetizaron y concluyeron que “si bien el imputado estaba inscripto como monotributista para la venta de cosas muebles, durante los cinco años analizado no existen registros de facturación ante la AFIP de que hubiera realizado alguna compra o venta”.

Actualización

“Para calcular la actualización de la suma que solicitamos que pague como multa el imputado, tuvimos en cuenta el índice de la Federación Argentina de Colegios de Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) avalado por el Colegio Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) de la provincia de Santa Fe”, explicaron los fiscales.

Los funcionarios agregaron que “según estas resoluciones, la serie de índices a utilizar es la resultante de combinar el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC con el Índice de Precios Mayoristas (IPIM) de la FACPCE”. En tal sentido, concluyeron que “según este análisis, el monto no justificado por el imputado, actualizado a enero de 2020, asciende a un total de $3.789.842,12”.

Proveniencia de los fondos

“No puede dejar de mencionarse que resulta altamente probable de que la proveniencia de los fondos injustificados sea el desarrollo de actividades ilícitas por parte del imputado”, remarcaron los fiscales. “Abona esta teoría que el policía investigado fue condenado en otra investigación por la autoría de tentativa de robo calificado, entre otros delitos. Asimismo, es investigado y fue procesado por la Justicia Federal por delitos vinculados al narcotráfico”, destacaron los funcionarios del MPA

Los fiscales también señalaron que “de acuerdo a la evidencia obtenida en esta investigación, el inmueble adquirido por el imputado en Sauce Viejo –respecto del cual no pudo acreditar la proveniencia de los fondos para su adquisición– le fue vendido a otro hombre que también es investigado por la Justicia Federal por ‘haber organizado actividades ilícitas de comercialización y transporte de estupefacientes’”.

Juicio oral y público

Luego de la audiencia preliminar, la jueza Luna deberá resolver las cuestiones planteadas por las partes. En caso que considere que están dadas las condiciones, deberá dictar lo que se denomina el auto de apertura a juicio para que se realice el juicio oral y público.

Por su parte, la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) deberá sortear el juez para el debate y fijar la fecha para el inicio del debate.

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En la ciudad de Santa Fe las multas oscilarán entre 100 a 1.000 UF (Unidad Fija) para quienes omitan el cumplimiento de las medidas o disposiciones adoptadas por autoridades competentes, por razones de seguridad, higiene y/o sanitarias. Entre estos casos se incluye el no uso de los denominados “tapabocas”. El valor de UF al 1 de marzo en la ciudad de Santa Fe se establece en $45,70, por lo que el cálculo del precio de multa por la no utilización del tapaboca social podría ir desde $4.570 a $45.700

Asimismo, se establecieron multas de 30 a 300 UF (es decir entre $1.370 a $13.710) para quienes circulen sin permiso o con permiso vencido, o con vehículo no patentado de acuerdo a las disposiciones vigentes.

En tanto, cuando el conductor viole las normas dictadas por autoridad competente que limitan la circulación por razones de salud pública y/o con el objeto de impedir la propagación de la pandemia, será sancionado con multa de 100 a 1.000 UF (entre $4.570 y $45.700), y con inhabilitación para conducir de entre 15 y 180 días.

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Se trata de un hombre de 62 años, empresario gastronómico de la ciudad de Rosario que fue acusado de violar 14 veces el aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige sobre todo el país.

Roberto Daniel Dutra fue sometido este mediodía a una audiencia que se realizó por videconferencia entre el Centro de Justicia Penal de Rosario y la Jefatura de Policía local, donde estaba alojado desde el día jueves.

Según informó el fiscal Gustavo Ponce Ashad, al empresario se lo acusó de cometer 14 violaciones del aislamiento desde el 15 de marzo último, “fecha en la que su pareja volvió de los Estados Unidos, un dato que fue logrado por anoticiamiento de sus vecinos ante una actitud tan desaprensiva, y en base al trabajo de la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe”.

Consultado sobre la presentación de un certificado médico por parte del acusado, el fiscal aclaró que no mostró uno para él sino que “dejó un certificado de su pareja, que dice que está en buenas condiciones de salud”.

En tanto, indicó que “el acusado continuará cumpliendo la cuarentena con una prisión domiciliaria luego del acuerdo al que llegaron las partes, con un afianzamiento que fue pagado en el Banco Municipal de Rosario”, según publica la agencia Télam .

Dutra abonó hoy una fianza de un millón de pesos y dejó la Comisaría 5ta. del barrio del Abasto, donde permaneció detenido desde el jueves cuando fue arrestado en su departamento de las Torres Mahui, en la zona de Puerto Norte.

Finalmente fijó una casa quinta como nuevo domicilio para seguir con su detención en aislamiento. Dutra “está acusado de un delito que tiene una pena de entre dos años y seis meses” que se fijará tras un acuerdo con la defensa.

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El Tribunal de Apelaciones de la Superliga Argentina de Fútbol volvió a confirmar una sanción económica para Unión. El Comité de Disciplina también había fijado la multa para San Lorenzo, Huracán y Arsenal. El motivo fue por no haber presentado en tiempo y forma el Balance de cada club.

Pese a las defensas que presentó cada institución para desligarse del monto a pagar, desde el Tribunal de Apelaciones ratificaron las sanciones económicas.

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Sólo en el caso de San Lorenzo bajaron el monto económico. El Azulgrana pasó de tener que pagar 2.000 entradas generales, equivalente a 800.000 pesos, a 1500 localidades es decir 600.000.

Mientras que Unión deberá abonar el dinero equivalente a 1000 entradas generales, unos 400.000 pesos. Monto que ya había sido fijado por el Comité de Disciplina. Además el Tatengue tendrá hasta el domingo 26 de enero como fecha límite para presentar el Acta de Asamblea con la aprobación de sus Estados Contables. 

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