El MPA apeló la resolución de primera instancia que dispuso rechazar la prisión preventiva e imponer medidas alternativas al hombre al que se investiga por intentar robar cables del puente Colgante de la ciudad de Santa Fe.

La apelación fue interpuesta por el fiscal adjunto Agustín Nigro, quien representó al MPA en las audiencias de imputación y de medidas cautelares, instancias en las que solicitó la cautelar privativa de la libertad y fue rechazada.

“La resolución de primera instancia que impugnamos importó una decisión contraria a las constancias obrantes en la investigación y comprobadas en el caso”, sostuvo Nigro. “Al momento de solicitar el encierro cautelar presentamos las evidencias con las que contamos, referimos al carácter multiofensivo del accionar delictivo y al peligro cierto de fuga debido a la falta de arraigo del imputado y a su refractariedad a la norma”, agregó el funcionario del MPA.

Refractariedad a la norma

Nigro también planteó que “los hechos atribuidos exceden la afectación del patrimonio municipal y su nivel de lesividad es tal que impacta en un conjunto de bienes sociales, altamente valorados por la comunidad”. Asimismo, indicó que “el imputado cometió el delito en el paseo público más utilizado de la ciudad de Santa Fe, un día feriado, en horario vespertino y con luz natural. Estas particularidades dan cuenta de la refractariedad a la norma por parte del imputado”.

En relación a la pena aplicable y a la modalidad de cumplimiento, el funcionario del MPA sostuvo que “entendemos que las características del accionar del imputado deberán ser tenidos en cuenta para definir una pena de cumplimiento efectivo”.

Por último, remarcó que “con la libertad del imputado, no fueron tenidos en cuenta los peligros procesales y se pone en riesgo la investigación penal”. Finalmente, concluyó que “las medidas alternativas a la prisión preventiva se presentan como inadecuadas para conjurar las contingencias que razonablemente pueden esperarse en el legajo”.

Cable suterráneo

El hecho ilícito investigado fue cometido alrededor de las 18:00 del jueves 28 de marzo en la cabecera oeste del puente.

“Con una herramienta cortante, el imputado seccionó un tramo de aproximadamente 15 metros de cable subterráneo recubiertos con goma de color lila y los guardó en una bolsa negra”, precisó el funcionario del MPA. “Con su accionar, el hombre investigado entorpeció la provisión del servicio de alumbrado público en el puente Colgante”, agregó.

Nigro explicó que “el delito quedó en grado de tentativa porque al menos tres personas llamaron al 911 para avisar lo que estaba ocurriendo, lo que permitió que personal policial aprehendiera al imputado en inmediaciones del lugar”.

Calificaciones penales

El imputado es investigado como autor de los delitos de tentativa de robo y entorpecimiento de servicio público de alumbrado.

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Un hombre de 38 años fue condenado a 10 años de prisión por haber abusado sexualmente de su hija, su hijo y la hija de su pareja -los tres menores de edad-, en la ciudad de Santa Fe.

La sentencia fue dispuesta por un tribunal integrado por los jueces José Luis García Troiano (presidente), Rosana Carrara y Jorge Patrizi, en el marco de un juicio oral que terminó esta mañana en los tribunales de la capital provincial.

La fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (Gefas) de la Fiscalía Regional 1, Alejandra Del Río Ayala, estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA en el debate.

Luego de conocer el veredicto, la fiscal indicó que “si bien consideramos positivo que el hombre al que investigamos haya sido condenado, el monto de la pena impuesta es menor al que solicitamos en la acusación”. En tal sentido, expresó que “aguardaremos los fundamentos del fallo para analizar qué es lo que motivó la decisión de los magistrados”.

Abusos

La fiscal aseguró que “el condenado abusó sexualmente de la hija de su pareja entre 2015 y 2021”, y remarcó que “ella cursaba la escuela primaria cuando comenzó a ser vulnerada”.

“A su vez, en fechas indeterminadas, el hombre de 38 años llevó a cabo conductas abusivas en perjuicio de su hija y de su hijo, quienes tienen varios años menos que la otra víctima”, planteó Del Río Ayala.

“Todos los delitos fueron cometidos en viviendas de la capital provincial en las que convivió el grupo familiar”, sostuvo.

Asimismo, la funcionaria destacó que “por las características de los abusos y la relación que une al condenado y a las víctimas, lo sucedido tuvo entidad suficiente para alterar el libre y progresivo desarrollo sexual de las dos niñas y el niño atacados”.

Denuncia

Del Río Ayala informó que “la investigación se inició en diciembre de 2021, cuando el padre de la hija de la pareja del condenado radicó una denuncia a partir de lo que le había contado la niña”.

La representante del MPA refirió que “al hablar con su padre, la víctima le dijo que había presenciado las situaciones de abuso en contra de su hermana y su hermano maternos”, y valoró que “el denunciante también dio cuenta de esto ante las autoridades”.

En cuanto a las diligencias que permitieron recabar elementos de prueba, resaltó que “las tres víctimas fueron entrevistadas en cámara Gesell”.

Juicio

El hombre de 38 años fue condenado como autor de abuso sexual gravemente ultrajante calificado (por la convivencia en dos casos y además, por el vínculo en uno), y abuso sexual simple calificado (por el vínculo y la convivencia).

Identidad

Las iniciales del condenado son RMR. Su nombre completo no se brinda para resguardar a dos de las víctimas, quienes tienen el mismo apellido que él.

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El escándalo en Colón de Santa Fe por el apriete de la barrabrava del club a los jugadores del plantel de Primera División tiene un nuevo capítulo. A causa de la investigación en la Fiscalía de Delitos Complejos que fue abierta tiempo atrás luego de “la visita” de la Barra Brava del club Colón a los jugadores del plantel profesional en el predio 4 de Junio, se comenzó a investigar el origen de la situación y luego de ello detuvieron a dos dirigentes sabaleros junto con miembros de la mencionada barra brava. Además habrían incautado droga y dinero en efectivo.

Por esta investigación, esta mañana se filtró un video en donde demuestran algunas de las declaraciones de Luís Miguel Rodríguez, Mario Siacqua, Ramón Abila, Rafael Delgado y Paolo Goltz. Asimismo, en el mismo video se puede apreciar como fue el apriete que recibieron los jugadores en su predio y bajo la inminente presencia de dirigentes de la institución.

Así es que se puede ver como un grupo de personas ingresan de manera tranquila por la entrada principal, se establecen en una de las canchas del lugar y dialogan con los jugadores profesionales.

Ante esto, Rafael Delgado contó como comenzó “la charla” entre los presentes: “Dejen de joder, esto es colon, tienen que ganar. También pedían ropa y dinero.” Ante la pregunta de si hubo amenazas y si conocían a los individuos, Rafa contestó que sí hubieron amenazas y que no tenía conocimientos de quiénes eran los allí presentes: “Vamos a matar a todos. Es la primera vez que los veo. No conozco a “Nano” Leiva, lo escuche nombrar pero no lo conozco.”

Luego el experimentado defensor campeón con la institución mencionó un dato clave para la causa “Sé que Horacio Darras le habló a uno y le dijo te conozco pero vamos a hablar después no hagas nada con los chicos vamos a hablar después” haciendo clara alusión al vicepresidente del club.

En sintonía con ello, otro que apuntó los cañones al mencionado dirigente de la institución fue Luís Miguel Rodríguez, quién afirmó: “No soy de Santa Fe, es la primera vez que pasa algo así, no conozco a nadie de acá, no conozco a barras bravas, nose quienes fueron. No conozco a nadie de la barra brava ni por nombre. El que estaba hablando con ellos es Horacio Darras.”

Con respecto al hecho puntual, el capitán rojinegro declaró: “Hubo gritos voces de mucha gente, gritos de amenazas, diciendo que la íbamos a pasar mal, que la familia la iba a pasar mal…”

Por su parte, Wanchope Ábila, goleador de la temporada, manifestó “A los mas chicos le dijimos que no se acercaran porque no tienen porque pasar esas cosas, nosotros en el futbol estamos mas acostumbrados a eso. No querían un importe fijo, no sabíamos cual era el reclamo. No conozco a nadie, nunca los vi, no tengo vinculo con ellos, nose quienes son. No se ningún nombre. yo quiero dormir la siesta, yo juego a la pelota”.

Por su parte, otra palabra esperada era la del hasta entonces mánager del club, Mario Siacqua, quién declaró en cuanto a los miembros de la Barra Brava: “No sé quienes son, no conozco los que estaban ahí, no conozco a ninguno, nunca los ví. Desde que trabaje en Colón en 2003 y nunca los vi… no averigüé quienes eran, porque agarre y me fui a mi casa. No conozco a nadie. Vos me preguntas como si yo fuese… nose… no lo conozco a “Nano” Leiva, lo escuché nombrar pero no lo conozco, nunca lo vi.”

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A causa de la investigación en la Fiscalía de Delitos Complejos que fue abierta la semana pasada luego de “la visita” de la Barra Brava del club Colón a los jugadores del plantel profesional en el predio 4 de Junio, se comenzó a investigar el origen de la situación y por estas horas habrían detenido a dos dirigentes sabaleros junto con miembros de la mencionada barra brava. Además habrían incautado droga y dinero en efectivo.

El MPA explayó: “A raíz de las consultas de varios de ustedes, informamos que en el marco de la investigación que encabeza la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 por distintos hechos ilícitos relacionados a facciones de la hinchada del Club Atlético Colón, se están llevando a cabo 12 allanamientos simultáneos (11 en la ciudad y 1 en Santo Tomé).

Hasta el momento, hay siete personas detenidas. Cinco de ellas son integrantes de facciones de la institución santafesina. Por su parte, los otros dos son dirigentes del club.

Además, en algunas de las viviendas allanadas, se secuestró droga y dinero en efectivo.”

En el transcurso de la mañana brindaremos más información, pero adelantamos que los dirigentes serían Horacio Darrás y Lucas Paniagua, y a su vez estarían junto con el jefe de la facción Los de Siempre, “Nano” Leiva.

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En una sesión conjunta realizada en la Legislatura santafesina, el jueves 4, Marcelo Saín fue removido de su cargo de Director del Organismo de Investigaciones del MPA.

LaLegislatura lo destituyó por mal desempeño y lo inhabilitó por 10 años para ejercer cargos en el Ministerio Público. La decisión fue por amplia mayoría: 50 votos a favor y 13 en contra.

En última instancia, para evitar su remoción, Saín había hecho llegar a la Legislatura un escrito, que llevaba la firma de su abogado, pidiendo la suspensión de la Asamblea. Lo que argumentaba es que había un reclamo judicial abierto. Sin embargo, diputados y senadores mantuvieron la convocatoria para las 15. Media hora después, la resolución ya estaba tomada.

“Hoy se termina la saga Sain en la provincia de Santa Fe. La Legislatura me va a destituir e inhabilitar esta tarde. Y le voy a hacer juicio a la provincia”, dijo horas antes el ex ministro de Seguridad en declaraciones mediáticas. Y agregó: “La provincia tendrá que hacerse cargo económicamente de los daños que esta irresponsabilidad política genera”, dijo.

Acabamos de votar por amplia mayoría la remoción e inhabilitación de Marcelo Sain de su cargo. pic.twitter.com/WFkky8C19m

— Juan Cruz Cándido ? (@CacuCandido) November 4, 2021

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Un hombre de 35 años, cuyas iniciales son AAG, fue condenado a 16 años de prisión por haber abusado sexualmente de su propio hijo menor de edad en Alto Verde. La sentencia fue resuelta por unanimidad por el tribunal integrado por los jueces Sandra Valenti, Sergio Carraro y Jorge Patrizi en el marco de un juicio oral que finalizó hoy en la ciudad de Santa Fe.

La fiscal que representó al MPA en el debate es Alejandra Del Río Ayala, quien también estuvo a cargo de la investigación de los ilícitos.

“Si bien los jueces aún no dieron los fundamentos, estamos muy conformes con la sentencia”, destacó Del Río Ayala. “La condena fue impuesta por la misma cantidad de años de prisión que habíamos solicitado en nuestros alegatos. Además, los jueces también entendieron que la calificación penal que habíamos atribuido era la indicada”, agregó.

La representante del MPA aclaró que “el hombre de 35 años fue condenado como autor de los delitos de abuso sexual con acceso carnal y promoción a la corrupción de menores, ambos calificados por el vínculo y por la convivencia”.

Complejidad

“La investigación de los ilícitos fue muy compleja y larga”, reconoció la fiscal. “La víctima tuvo que atravesar un proceso en el que intervinieron múltiples actores públicos”, añadió.

Del Río Ayala explicó que “no hubo relato del niño y ello generó la necesidad de buscar pruebas diferentes a las que habitualmente se presentan en este tipo de investigaciones”. No obstante, la representante del MPA agregó que “a pesar de esa dificultad, pudimos llegar a juicio, los jueces vieron más allá del relato explícito de la víctima e impusieron la condena del acusado”.

Los hechos

“Los hechos que investigamos ocurrieron entre el 16 y el 17 de agosto de 2017, en una vivienda ubicada en Alto Verde en la cual convivían el acusado, su pareja y tres hijos”, detalló la fiscal. “La víctima es uno de esos niños, a quien el hombre agredió sexualmente aprovechando la situación de convivencia y la relación que los unía”, agregó.

Del Río Ayala también precisó que “la investigación se inició a partir del llamado al servicio de 911 que hicieron los directivos de la escuela a la que concurría la víctima, luego de que el niño sufrió –en el ámbito escolar– un episodio coincidente con un probable abuso sexual”.

“Fue muy importante el trabajo conjunto que se llevó a cabo con el personal policial y con las docentes y directivos de la institución educativa. Además, se hicieron pericias genéticas y contamos con el testimonio de profesionales de la salud física y mental que brindaron asistencia al niño”, subrayó la fiscal. En tal sentido, hizo hincapié en que “si bien la víctima nunca pudo ser entrevistada en cámara Gesell a raíz de su imposibilidad de hablar de lo que sufrió, igualmente pudimos avanzar en la investigación y llegar a este juicio en el que se impuso la condena”.

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Dos policías que integraban el Comando Radioeléctrico de la Costa fueron condenados por ilícitos que cometieron en 2017 mientras cumplían funciones en la ciudad de Rincón.

Se trata de Ariel Alejandro Sanabria, de 44 años, y Exequiel Maximiliano Mendicino, de 33. Al primero de ellos se le impuso una pena de seis años y seis meses de prisión, más la inhabilitación por trece años. Por su parte, Mendicino fue condenado a dos años de prisión de cumplimiento efectivo –e inhabilitación por cuatro años–, no obstante, se ordenó que recupere su libertad a raíz de que estaba en prisión preventiva.

De esta manera, los ocho policías que fueron investigados fueron condenados.

Apelación

La sentencia que se conoció hoy fue resuelta por unanimidad en el marco de un juicio oral y público llevado a cabo en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. El tribunal estuvo integrado por los jueces Susana Luna (presidente), Rodolfo Mingarini y Pablo Ruiz Staiger.

“Valoramos que los dos acusados fueron condenados”, señalaron los fiscales Jiménez y Hernández. “A Mendicino se le impuso la pena por la autoría del delito de severidades en perjuicio de una de las víctimas, mientras que Sanabria fue condenado como coautor de allanamiento ilegal; falsedad ideológica en instrumento público; vejaciones; severidades; apremios ilegales; amenazas coactivas; y privación ilegítima de la libertad”, precisaron.

No obstante, los representantes del MPA manifestaron que “las penas no fueron por todos los hechos ilícitos que les habíamos atribuido”.

También aclararon que “en relación a algunos de los hechos ilícitos por los que fueron acusados tanto Mendicino como Sanabria, el tribunal resolvió absolverlos”. Agregaron que “en relación a otros ilícitos, los jueces no receptaron la calificación legal que habíamos propuesto desde la Fiscalía, fundamentalmente las de los delitos de tortura”.

“Aguardaremos los fundamentos del tribunal”, sostuvieron los fiscales Jiménez y Hernández, pero adelantaron que “apelaremos el fallo. Lo haremos respecto de las calificaciones que decidieron adoptar los jueces y por la autoría de algunos de los delitos que los magistrados consideraron que no se acreditaron en el debate”.

Vulnerabilidad

“En noviembre de 2017 se inició una investigación a ocho policías que cumplían funciones en el Comando Radioeléctrico de la Costa”, explicaron los fiscales Hernández y Jiménez. “A partir de la previa distribución y asignación de tareas, los policías investigados vulneraron múltiples derechos constitucionales de gran cantidad de víctimas”, precisaron.

“Entre las víctimas hay mujeres, niños y personas con discapacidad”, sostuvieron los funcionarios del MPA y añadieron que “los acusados actuaron con desaprensión hacia la integridad física, la libertad y la propiedad de otras personas, y lo hicieron a través de los conocimientos y de las herramientas de trabajo que les fueron provistas por el Estado”.

Los fiscales a cargo de la investigación explicaron que “los agentes policiales insertaban declaraciones falsas en las respectivas actas de procedimiento luego de cometer los delitos, con la clara intención de ocultar los ilícitos que habían cometido”.

“Los instrumentos que se falsearon en casi la totalidad de los hechos son actas de procedimiento, es decir, documentos que tenían como fin anoticiar a la Justicia Penal de la probable comisión de hechos ilícitos” añadieron Hernández y Jiménez.

Víctimas

Los fiscales valoraron la decisión de las víctimas y subrayaron que “a pesar de que muchas de ellas tenían miedo por lo que había ocurrido, todas brindaron su testimonio”. También destacaron que “se trata de personas muy vulnerables y que tienen dificultades para trasladarse hasta los tribunales locales y, sin embargo, cumplieron y declararon”.

Querellante

Una mujer que fue víctima del accionar del personal policial se constituyó como querellante en la investigación. Tuvo la representación de las abogadas Vivian Galeano y Laura Gerard de la Oficina de Asistencia a la Víctima del Centro de Asistencia Judicial.

Subjefa

En el marco de la misma investigación, ya fueron condenadas las otras seis personas que fueron investigadas.

Una de ellas es la subcomisaria Nadia Lucrecia Soperez, de 38 años. Se le impuso una pena de ocho años y seis meses de prisión por delitos que cometió mientras se desempeñaba como subjefa del Comando Radioeléctrico de la Costa.

La condena impuesta a Soperez es por la coautoría de los delitos de tortura; apremios ilegales; vejaciones; severidades; privación ilegítima de la libertad; amenazas coactivas; falsedad ideológica en instrumento público agravado (por ser ejecutado por funcionario público con abuso de sus funciones); allanamiento ilegal; robo calificado y hurto calificado (por ser en poblado y en banda y por ser ejecutado por personal policial). La pena también se le impuso por la autoría de los delitos de abuso de armas, violación de secreto y amenazas coactivas; y por su participación necesaria en el delito de robo calificado (por ser cometido por personal policial).

“La condenada aceptó su culpabilidad. También manifestó su conformidad con los hechos ilícitos atribuidos, la calificación legal de todos ellos, la pena que solicitamos –en cuanto a su monto y en cuanto a su modo de ejecución–, y el procedimiento abreviado elegido”, destacaron los fiscales. Asimismo, remarcaron que “fue el primer caso en el que un policía fue condenado por el delito de torturas en el ámbito de la justicia provincial”.

Otros cuatro condenados

Las otras cinco personas ya condenadas en el marco de la misma investigación son Juan Emilio Torres, Claudio Cerf, Gabriela Cerf, Carlos Javier Núñez y Luis Ezequiel Gómez.

Claudio y Gabriela Cerf fueron condenados –cada uno de ellos– a tres años de prisión de cumplimiento condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos y para tener o portar armas de todo tipo.

Por su parte, a Torres se le impuso una pena de cinco años de prisión domiciliaria mientras que Núñez y Gómez fueron condenados a ocho años de prisión cada uno –también de cumplimiento domiciliario– e inhabilitación absoluta perpetua.

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El intendente Emilio Jatón se refirió a las reuniones no autorizadas que se realizan en la ciudad. En este sentido, el mandatario anticipó que además de intensificar los controles e incrementar las multas, el municipio se constituirá como querellante y será partícipe principal en el proceso de denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

“Preocupa el comportamiento de algún sector de la población que a veces parece no entender el problema que tenemos. Por eso vamos a incrementar al doble las multas por las fiestas clandestinas, nos vamos a incorporar al proceso judicial y denunciaremos a las personas que las hagan y a los dueños de los domicilios, pero además vamos a sumar más controles de alcoholemia”, dijo el intendente.

Vale recordar que las multas que corresponden por desobediencia del Art 16 bis (Ordenanza Nº 7882 y sus modificatorias) más por ruidos molestos y bailes o espectáculos no habilitados, pueden superar los 80.000 pesos. El valor de la sanción establecido en dicho artículo referido al incumplimiento de las medidas de prevención del Covid-19 es de 100 a 1000 UF (Unidad Fija).

“Entendemos que estos momentos son claves para poder frenar esa segunda ola de la pandemia y vamos a trabajar respecto a eso”, resumió Jatón.

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A través de un comunicado, la Fiscalía General del MPA repudió “enérgicamente una agresión sufrida hoy por la fiscal María Celeste Minniti, integrante de la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, Familiar y Sexual de la Fiscalía Regional 1”.

Según informaron, la funcionaria del MPA fue “insultada en inmediaciones del edificio de Tribunales de la ciudad de Santa Fe, por un grupo de personas identificadas con carteles y pancartas como familiares de condenados por delitos contra la integridad sexual”. Además, fue insultado un abogado particular que se encontraba con la fiscal Minniti.

Por último, notificaron que la fiscal de turno, María Lucila Nuzzo, investigará lo ocurrido en la mañana de hoy y ordenará las diligencias que correspondan.

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Un hombre de 46 años cuyas iniciales son HMJ y una mujer de 29 de iniciales CAH fueron imputados por la coautoría de una estafa en la que simularon ser un fiscal del MPA. La atribución delictiva fue realizada por las fiscales Mariela Jiménez y María Laura Urquiza en una audiencia que se realizó hoy en los tribunales de la ciudad de Santa Fe ante el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg.

Las funcionarias del MPA aclararon que “los hechos investigados ocurrieron en abril del año pasado”. Al respecto, agregaron que “para consumar el delito de estafa, los imputados se hicieron pasar por el fiscal de la Unidad Fiscal de San Javier, Francisco José Cecchini”.

Llamadas telefónicas
Urquiza y Jiménez explicaron que “previo a concretar la estafa, los imputados se comunicaron telefónicamente con las víctimas en reiteradas oportunidades” y agregaron que “según los registros, los llamados se efectuaron desde el miércoles 17 hasta el jueves 25 de abril del año pasado”.

Durante ese periodo, “HMJ simuló ser el fiscal Cecchini y, en el marco de una causa que investigaba el funcionario del MPA, les exigió a las víctimas el pago de 50 mil pesos para que su hijo recuperara la libertad”, señalaron las fiscales. En tal sentido, detallaron que “les mencionaron datos de la investigación y les explicaron las posibles alternativas procesales”.
Urquiza y Jiménez indicaron que “las víctimas cayeron en el error y efectuaron dos pagos de 25 mil pesos”. Especificaron que “uno de ellos fue entregado a una persona que simuló ser el secretario de Cecchini, mientras que el otro monto de dinero se transfirió a una cuenta bancaria que estaba a nombre de la mujer imputada”.

Hijo
Las fiscales recordaron la causa por la cual los imputados cometieron la estafa y relataron que “fue por un hecho que ocurrió el lunes 15 de abril de 2019, es decir, días antes de los primeros llamados telefónicos”. Acerca de lo ocurrido, indicaron que “el hijo de las víctimas fue imputado como autor de los delitos de aborto sin el consentimiento de una mujer y lesiones provocadas en un contexto de violencia de género”.

“Si bien el fiscal Cecchini solicitó la prisión preventiva de esta persona, al hombre se le impusieron medidas alternativas en una audiencia que se realizó el 19 de abril del año pasado”, sostuvieron las fiscales. Al respecto, puntualizaron que “las víctimas efectuaron uno de los pagos el día anterior a la resolución del juez y el otro seis días después, cuando los imputados dejaron de comunicarse telefónicamente con las víctimas”.

Prisión preventiva
Las funcionarias del MPA adelantaron que solicitarán la prisión preventiva de los dos personas imputadas. La medida cautelar se tratará el próximo viernes en horario a confirmar por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ).

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