La Policía de Investigaciones, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, realizó siete allanamientos en el marco de una causa provincial referente a Microtráfico, investigación a cargo del Fiscal Dr. Agustin Nigro.

Efectivos del Departamento Operativo Uno – División Microtráfico tras una minuciosa investigación allanó una vivienda en calle Diagonal González, entre Inés Álvarez y Maciel de Rincón y dos en calle Córdoba al 2200, dos en República de Siria al 4200 y 4300 , uno en Belgrano 4600 y el ultimo en Lavalle al 5000 de la ciudad de Santa Fe.

Como resultado de los procedimientos incautaron una escopeta calibre 36, marihuana con un pesaje total de 1.369 grs., ocho plantas de marihuana , 222,71 grs. de cocaína fraccionada, 973,727 pesos en efectivo, 600 dólares, elementos para fraccionar , dos balanzas de precisión , trece celulares, una notebook, una moto Gilera 110ccy un automóvil Citroën de interés para la causa y detuvieron a la principal investigada, J.E R de 32 años, por Infracción a la Ley 23.737 y notificados de la causa en estado de libertad a M.M.R de 25 años, M.F.D de 34, M.R de 57 , Y.R. y J.H alias “Pitu”.

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Este jueves por la mañana, el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, derribó el primer búnker ubicado en Riombamba de la ciudad de Rosario. Estaba vinculado a una causa que investiga la venta de drogas a las órdenes del “clan Riquelme”, y las amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro.

En el lugar, el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, indicó que “a trece días de la entrada de vigencia de la ley provincial de microtráfico, estamos teniendo una primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación práctica y concreta, más allá de la faceta investigativa y judicial que lleva adelante la Fiscalía, en coordinación con la PDI y demás fuerzas investigativas. Lo que esta ley permite es la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefaciente en el territorio provincial: cuando haya un búnker o una construcción precaria y montada específicamente para el tráfico estupefaciente, la ley permite el derribo o demolición forzosa”.

Y agregó: “Esta Ley pretende dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y nos enfocamos en la desactivación del punto de venta en concreto. La justicia federal persigue la cadena de comercialización, investiga los eslabones superiores del narcotráfico y la intervención provincial es la desactivación directa del punto de venta”.

Cococcioni apuntó que “estamos trabajando en un programa de intervenciones focalizadas para sostener la convivencia en el territorio; sostener la presencia policial disuasiva y evitar que la actividad ilícita vuelva a instalarse. Los vecinos pueden denunciar acciones irregulares o venta de droga en los Centros Territoriales de Denuncia o al propio MPA que incluso tiene una página web para hacer denuncia online”, finalizó.

Por su parte, la fiscal general de la provincia, María Cecilia Vranicich explicó: “Quiero aclarar que este búnker que ustedes ven precario, nosotros lo hemos priorizado porque es lo que técnicamente llamamos “un mercado abierto de drogas” que genera violencia altamente lesiva”.

La fiscal general fue contundente: “Este búnker fue generador de la muerte de una persona; y si damos una vuelta por el barrio vemos que hay una escuela primaria a unos pocos metros y otra escuela a tres cuadras, entonces claramente para nosotros fue uno de los ejercicios prioritarios de la gestión, que como lo dijo el ministro empezó hace 13 días con los mismos recursos”, exclamó la funcionaria.

Allanamientos por narcomenudeo y amenazas al gobernador

La Policía de Investigaciones realizó 10 allanamientos el pasado fin de semana en barrio Ludueña, Empalmes y Rosario por una causa que investiga narcomenudeo y amenazas al gobernador Maximiliano Pullaro.

A partir del análisis de los teléfonos celulares de los imputados Carlos Román Moreno y Tiziano Díaz surgió información de relevancia sobre la comercialización de drogas vinculadas al “clan Riquelme”, por lo que la Fiscalía, a cargo de Franco Carbone, ordenó tareas de campo necesarias para identificar los “búnkeres” vinculados al grupo.

Es así que, el viernes 5 y la madrugada del 6 de enero personal de la PDI allanó un total de 10 domicilios. Como resultado detuvieron a cuatro personas (tres hombres y una mujer) y secuestraron 9 celulares, 3 armas de fuego, municiones y marihuana. Este jueves se realizó la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal.

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