Un exdirector regional en Santa Fe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de Rosario, la ex AFIP, que está imputado por utilizar su cargo para asesorar a contribuyentes a fin de que evadan, aceptó declarar como arrepentido en las causas que llevan adelante al menos seis fiscales federales.

Se trata de Carlos Vaudagna, quien este martes firmó un acuerdo de colaboración en base al artículo artículo 41 ter del Código Penal Argentino que permite reducir la pena de los autores o partícipes de determinados delitos si aportan información precisa y verosímil. Esta ley es conocida como la “ley del arrepentido”.

El acuerdo se firmó en la PROCELAC luego de varias reuniones que se hicieron previamente.

Vaudagna reconoció hechos, aportó información útil lo que fue valorado por la fiscalía como importante. Además, entregó a modo de comiso algunos bienes y el pago de una multa (cuyo monto todavía no se determinó).

Todo esto a cambio de una pena de 6 años que se disminuye a 3 años conforme a colaborador de la justicia de ejecución condicional.

Vaudagna fue director regional de la ex AFIP en Rosario y Santa Fe entre 2014 y 2020. Está imputado en tres jurisdicciones de Santa Fe por acciones tales como generar persecuciones en coordinación con la Justicia para perseguir a contribuyentes y desistir a cambio de dinero. Por asesorar a empresarios a fin de eludir la imposición fiscal y colocar dinero en cuentas offshore. La imputación indica que adquirió dos mutuales a través de las cuales facturaba los servicios que no podía prestar y que había realizado con esos ingresos una significativa cantidad de inversiones inmobiliarias.

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La Provincia puso en marcha hoy el Centro de Denuncias 911 (CD+911), que incorpora a la Central de Emergencia 911 la recepción telefónica de denuncias de hechos presuntamente delictivos.

Los hechos a denunciar no deben constituir una emergencia, es decir, que no debe estar en peligro ni la vida, ni los bienes de quien llama ni de terceros. Esta nueva herramienta se va a implementar inicialmente en las ciudades de Santa Fe, Santo Tomé y Rosario, con la posibilidad de ampliar su incidencia en los próximos seis meses.

La presentación fue encabezada esta mañana por el ministro de Justicia y Seguridad Pablo Cococcioni. Allí se indicó que el servicio CD+911 tiene como misión principal recepcionar la mayor cantidad de denuncias vinculadas a hechos de robo, casos de tentativa, amenazas simples, estafas (como “cuento del tío”, transferencias de dinero mediante whatsapp, con tarjetas de crédito y/o débito), impedimento de contacto, contravenciones al Código de Convivencia, incumplimiento de mandato judicial, lesiones leves, entre otros.

No obstante, se tomarán todo tipo de denuncias penales que corresponda, recibiendo su tratamiento como establece el tercer párrafo del artículo 16 del Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe: “El Ministerio Público estará obligado a promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su conocimiento, siempre que existan suficientes indicios fácticos de la existencia de los mismos”.

Cómo es el proceso

La atención estará a cargo de abogado/as, en el marco de los convenios con los Colegios de Abogados de la 1era (Santa Fe) y 2da (Rosario) Circunscripción. La persona denunciante recibirá su certificado digital vía correo electrónico, y su denuncia se comunicará al Ministerio Público de la Acusación vía SIUC (Sistema de Información Único Criminal).

En caso de ser necesario, en situaciones sensibles, se activarán los protocolos vigentes en los CD, como dar aviso al fiscal en turno o dar intervención a las distintas áreas especiales para no dilatar ninguna medida urgente. El tiempo aproximado del proceso de denuncia a través del CD+911 es de 30 a 45 minutos.

Articulación virtuosa

La secretaria de Gestión Institucional, Virginia Coudannes, destacó que “esto que hoy ponemos en marcha y que partir de hoy se puede hacer uso, tiene que ver con una articulación virtuosa entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, el MPA y los colegios de Abogados de Santa Fe y Rosario”, y agregó que “es una nueva herramienta que descomprime las tareas que se realizan en las comisaría con la toma de las denuncias”.

Mientras, el Coordinador del 911 centro-norte, Alfredo Lorenzatto indicó que se trata de “una ampliación al servicio que ya estaba existente, en un área que entendíamos que se debía abordar, ya que muchas veces la ciudadanía solicitaba este tipo de información. Es un método muy confiable, ya que queda registrado, pero sobre todo mucho más cómodo para nuestros ciudadanos, que va a funcionar de lunes a domingo, de 8 a 20 horas”.

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Según reveló Clarín, las pruebas se detectaron en el celular de la histórica secretaria del exmandatario, María Cantero. Su teléfono móvil fue secuestrado y peritado en el marco de la causa que conducen el fiscal Carlos Rívolo y el juez Julián Ercolini. Allí se indaga sobre la intervención de intermediarios en contratos de pólizas entre organismos del Estado, gracias a un singular decreto presidencial.

La nueva polémica surgió en medio del peritaje de la Policía Federal sobre el contenido del celular de Cantero, desde 2019 hasta este año.

Aunque se buscaba información sobre Fernández y su vínculo con la trama ilícita de los seguros, había información mucho más sórdida para Fernández. El juzgado fue notificado de que en el celular había pruebas de la posible comisión de un delito: violencia de género contra Fabiola Yañez, aparentemente perpetradas por su marido en la Quinta de Olivos.

Entre las imágenes encontradas, se incluyen fotos de la ex primera dama con signos visibles de golpes. Además, se descubrieron audios y chats donde Yañez describe presuntas golpizas sufridas en la Quinta de Olivos.

La pericia oficial del teléfono de Cantero -a la que accedió Infobae- secuestrado por la Policía Federal en marzo, la pareja utilizó sus vínculos con Casa Rosada para concretar millonarios contratos a través de las relaciones de la ex secretaria con los funcionarios.

Los chats revelan que Martínez Sosa visitó en varias ocasiones la quinta de Olivos y que incluso se entrevistó con Alberto Fernández, a pesar de que sus ingresos no figuran en los registros oficiales.

En el marco del allanamiento ordenado por el juez Julián Ercolini, se detectó que la ex secretaria hacía de nexo entre su marido y el entorno del ex mandatario para avanzar en los acuerdos comerciales.

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El Gobierno provincial, a través de los ministros de Economía, Pablo Olivares y Educación, José Goity, informó que este martes abonará el monto correspondiente al mes de junio del programa Asistencia Perfecta a 46.112 docentes y directivos de gestión pública y privada. También ese día se pagará el premio trimestral a 15.086 docentes que no faltaron a clases en los meses de abril, mayo y junio. Así, en una conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de Gobierno en Rosario, detallaron que la inversión del Estado provincial por el pago del incentivo trimestral, totaliza $1.121.459.194. En tanto que por el pago correspondiente al mes de junio de Asistencia Perfecta, suma una inversión de $ 3.083.210.174.

Al respecto, el ministro Olivares afirmó que “esto implicó en un trimestre una inversión de $ 6.638 millones” a la vez que consideró que “esto es muy positivo porque también a lo que apuntaba este incentivo era a hacer justicia dentro del propio sistema, que no resulte lo mismo quien tiene un comportamiento a la hora de asistir a sus prestaciones de manera adecuada o regular, de quienes no. Al mismo tiempo, esto nos marca que en este trimestre el docente con asistencia perfecta ha cobrado entre $ 258.000 y $ 516.400, en función de la cantidad de meses en que tuvo asistencia perfecta y si cobró el incentivo trimestral”.

Además destacó: “En abril, el primer mes que rigió la Asistencia Perfecta, se abonaron $ 1.395 millones a 41.487 docentes; en mayo se abonó $ 1.032 millones a 20.550 docentes; en tanto que por junio estamos abonando $ 3.089 millones a 46.215 agentes. Y al incentivo trimestral lo percibirán unos 15.086 docentes que durante un trimestre han tenido asistencia y compromiso”.

Olivares remarcó que “a la inversión de $ 6.638 millones se suman unos $ 18.000 millones en infraestructura y el Boleto Educativo Gratuito por el que en un semestre se han abonado $ 11.200 millones y que hoy es el principal componente de financiamiento al transporte urbano en las dos principales ciudades (Rosario y Santa Fe) y representa en promedio por docente unos $ 40.000 por mes”.

Menos ausencias en las aulas

Por su parte, el ministro Goity repasó: “En los últimos cuatro años veníamos de un incremento en el nivel de suplencias del 10%, lo que se volvió insostenible no solamente desde un punto de vista ético y moral sino también desde un punto de vista económico y de financiamiento. Por eso nos propusimos tomar algunas medidas concretas y el premio Asistencia Perfecta es una de las políticas que implementamos y a su vez analizamos el mecanismo por el cual se solicitan las declaraciones juradas de familiar a cargo”.

En ese sentido, el ministro remarcó que “en el primer semestre del año bajamos 201.840 días de ausencias en el aula por motivos de solicitud de cuidado de familiar a cargo: bajamos 90.000 días para padres; 49.000 para hijos; 24.000 para cónyuge; 14.000 para hermanos; de suegros teníamos 6.700 en el primer semestre y bajamos a 43. Cabe aclarar que no es porque no se conceda el día que corresponde sino porque se mejoraron los controles y los criterios de razonabilidad y justicia respecto a lo que estaba sucediendo.

Todo aquel docente que necesite cuidar a un familiar y lo acredite y corresponda, tiene su día”.

El titular de Educación reconoció que “hemos hecho 3.863 auditorías médicas, de las cuales 2.428 volvieron y se reintegraron al trabajo. Por diversos motivos esas licencias no estaban bien otorgadas y eso nos da un 63 % de docentes auditados que volvieron a su labor. Y también estamos llevando adelante sumarios y las acciones que correspondan para revertir esta situación; tiene que ser una política que nos lleve a mejorar de manera consistente y sostenida el funcionamiento del sistema”.

Por último, Goity aseguró: “Estamos convencidos que el sistema educativo quiere la mejora, los docentes quieren la mejora y todos tenemos los mismos objetivos. Lo que hay que hacer es ordenarlo y conducirlo y nuestra parte de la tarea es ordenar y conducir el sistema hacia su mejora permanente para que los chicos aprendan, para que las aulas estén mejor y para que el sistema educativo cumpla con la función social que debe cumplir”.

Durante la presentación, acompañaron a los funcionarios las secretarias de Gestión Territorial Educativa, Daiana Gallo Ambrosis; de Coordinación y Gestión de Recursos, María Martín; y la subsecretaria de Recursos Humanos del Ministerio de Educación, Erika Figueroa.

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La justicia comenzó a actuar luego de infinitas denuncias que activaron el protocolo judicial y comenzaron las distintas investigaciones sobre el hecho en cuestión. Al individuo detenido, le secuestraron una computadora, pendrives y otros elementos que contienen información sobre la administración de los distintos canales para reproducir el contenido de manera ilegal.

Este miércoles, la Justicia argentina le dio un duro golpe a los sitios que piratean transmisiones de fútbol para ofrecerlas de manera gratuita. Tras un operativo en Mendoza, se ordenó bloquear los más de 50 dominios de Fútbol Libre y también los de Megadeportes, cuyo creador fue detenido.

La investigación surgió a partir de una denuncia realizada por la Alianza Contra la Piratería Audiovisual (Alianza), en el marco de una intensa lucha que llevan a cabo en todo América Latina las empresas que adquieren los derechos de las transmisiones contra la piratería online.

El allanamiento realizado en el Departamento Godoy Cruz, de la provincia cuyana, fue liderado por el fiscal de Cibercrimen en la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos (UFEIC) Alejandro Musso, quien contó con el respaldo de efectivos de la Policía Federal y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Una vez en el domicilio que tenían como objetivo, secuestraron una computadora, pendrives y otros elementos que, según indicaron las primeras pericias, contienen información sobre la administración de los distintos canales que utilizan para reproducir el contenido de manera ilegal y los movimientos de dinero que obtienen por publicidad en sus sitios ilegales.

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El fiscal federal de Goya Mariano de Guzman opinó que el caso de la desaparición de Loan en Corrientes tiene rasgos de “criminalidad organizada” y pidió que el caso siga a cargo de la Justicia Federal.

Mientras tanto, los seis detenidos serán traslados en las próximas horas a carceles federales en los alrededores de Corrientes y provincias aledañas.

Si bien la jueza Cristina Pozzer Penzo ya compartió su criterio y el caso finalmente pasa a esa órbita, el fiscal pidió “agotar ciertas vías probatorias y adoptar aquellas medidas que permitan descartar la mayor cantidad de hipótesis criminales posibles”.

Guzman reconoce que falta una “determinación concreta de hipótesis delictiva” pero igualmente debe hacerse la justicia federal a cargo de la investigación.

Ahora, los seis detenidos serán trasladados paralelamente a cárceles federales tal cual la última disposición judicial.

Daniel “fierrito” Ramírez a la Unidad 7 de Chaco, en tanto que su pareja Mónica Millapi, Victoria Caillava, el comisario Walter Maciel, Antonio Benítez y Carlos Pérez al complejo 3 de Guemes en la provincia de Salta.

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La Cámara de Casación porteña anuló el juicio oral y público contra el policía Luis Chocobar y ordenó realizar uno nuevo.

La decisión se dio a conocer luego de que el agente pida la “baja voluntaria” de la Policía Bonaerense.

El nuevo juicio no tiene fecha fijada  ni tampoco estimativa, pero difícilmente se celebre a lo largo de 2024.

El máximo tribunal penal local consideró que la sentencia es autocontradictoria, que no fundamentó adecuadamente en qué se basó la condena ni tampoco probó cuál fue la conducta de Chocobar en el momento en el que se produjo la muerte de Pablo Kukoc.

El tribunal resaltó la “autocontradicción que supone pasar a hablar de una tanda entera de cuatro disparos dirigidos a la integridad de Kukoc y efectuados de forma excesiva, innecesaria y desproporcionada; para luego mencionar que sólo un disparo de esa última tanda condensa tales cualidades negativas”.

“Y ello –añade la sentencia, de 166 páginas– porque, desde una primera versión fáctica, Chocobar disparó una primera tanda como reacción a un presunto giro corporal de Kukoc, para luego disparar otros cuatro al sólo fin de cesar su huida; mientras que en la segunda versión, seis del total de siete disparos fueron motivados por aquel giro”.

“Esta cámara debe juzgar el acierto o desacierto de los jueces del tribunal oral en reputar o desechar como dolosa la conducta del imputado” Chocobar, subrayaron los jueces Horacio Días y Eugenio Sarrabayrouse.

“No se sabe lo que los magistrados estimaron sobre el punto, porque lo cierto es que –entre las muchas referencias de dudoso alcance– pareciera ser unánime solamente la idea de que no hubo intención homicida, decidir sobre la materia implicaría sustraerse a competencias propias del tribunal de juicio”, advirtieron.

“Y el problema se agrava porque el examen de la imputación dolosa de la conducta era un problema relevante para los planteos expuestos por las partes en sus alegatos, lo cual constituye una transgresión al deber genérico de resolver en forma válida las cuestiones sometidas a conocimiento del tribunal oral”, insistieron.

La Casación resolvió apartar a los jueces que juzgaron y condenaron a Chocobar por homicidio en exceso del cumplimiento de un deber a una pena de dos años de prisión en suspenso.

El fallo hizo lugar “parcialmente” al recurso de casación interpuesto por la defensa de Chocobar; apartar al Tribunal Oral de Menores n° 2 y, en consecuencia, remitir la causa a la Oficina Judicial de esta cámara para que designe un tribunal oral en lo criminal y correccional de esta ciudad a los efectos de que, previo reenvío, realice un nuevo juicio oral para juzgar el hecho imputado a Chocobar”.

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Tras la inhibición de bienes al expresidente Alberto Fernández por la causa de los seguros, el Gobierno encabezado por Javier Milei pidió que la Justicia actúe con celeridad en la investigación. Así lo expuso el vocero presidencial, Manuel Adorni, que reclamó avances en la labor judicial para profundizar la investigación de las denuncias elevadas.

“Necesitamos que la Justicia avance en todas las causas que estamos denunciando. Desde el tema de los seguros a los intermediarios de los planes sociales o cualquier otra cuestión que tenga que ver con lo que vamos encontrando y que luego de recolectar la información pertinente judicializamos y hacemos las denuncias”, desarrolló en una entrevista a El Observador.

En la misma línea, el funcionario reclamó que la Justicia “actué en consecuencia y lo más rápido posible, porque podemos denunciar, buena parte de nuestro tiempo la dedicamos a ordenar gran parte de este desorden, pero necesitamos del otro lado que la justicia nos acompañe”.

“En esto, todos tenemos que empujar y terminar con esta historia de que la corrupción nadie la paga y la terminamos pagando los argentinos”, puntualizó el portavoz.

El juez Julián Ercolini ordenó la inhibición del patrimonio del ex mandatario a raíz de la causa por los seguros del Banco Nación, pero esa medida no afecta a la jubilación que recibe como ex mandatario porque ese ingreso tiene carácter alimentario.

No obstante, la medida impone un virtual letargo civil para su vida económica, pues dispone “el congelamiento de todas las inversiones y plazos fijos” y datos sobre “si han adherido, aún de forma condicional, alguno de los sinceramientos fiscales y/o al sistema voluntario y excepcional de declaración de tenencia de moneda nacional y/o extranjera y demás bienes en el país y en el exterior, incluyendo también a sus familiares”.

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La Cámara Nacional del Trabajo decidió hoy que el DNU del presidente Javier Milei es inconstitucional en materia del capítulo de reformas laborales al analizar la cuestión de fondo.

Lo hizo luego de que en una medida cautelar frenara las reformas. Ahora todo está bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión es de otros jueces a aquellos que dictaron la cautelar y en la misma analizaron “el fondo” del planteo hecho por la CGT pero que ellos determinaron que es de alcance colectivo, esto es para todos los trabajadores no sólo a aquellos representados por la Central Obrera.

Para los jueces no existía “ningún impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso” tal cual intentó argumentar el Gobierno al pretender las reformas por el DNU, el cual fue publicado en el boletín oficial el 21 de diciembre y “no tenía fecha de vigencia”, tal cual el Tribunal.

Incluso, retomó el Tribunal que el 26 el propio Gobierno convocó a sesiones extraordinarias por lo que “no se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU”.

“Los o ropios considerandos de dicho DNU traducen -al menos en lo que respecta a la materia laboral- que no se evidencia objetivamente la “necesidad” de adoptar tan numerosas medidas, y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- justificarse en las referencias genéricas a “un hecho demostrado”, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizora que las que se alegan constituyan razones de “urgencia” para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria, al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como “leyes antievasión””, analizaron los magistrados.

“Las consideraciones vertidas precedentemente acerca del defecto de origen del DNU 70/2023 bastan para sustentar este pronunciamiento y, consecuentemente, tornan innecesario un examen específico de las alegaciones de la amparista acerca de la supuesta invalidez de aquél en razón del “contenido sustantivo” de su articulado”, remarcaron los camaristas Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera.

Ahora, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia el fallo aunque ya está dada la intervención del más alto tribunal por la cautelar que otros jueces laborales concedieron por las reformas laborales y por el amparo presentado por la provincia de La Rioja contra la totalidad del DNU de Javier Milei.

La Corte Suprema de Justicia no tiene plazos para resolver y sólo ha adelantado que ellos sí asumen la competencia al menos en el caso la Rioja porque es la demanda de un estado provincial contra el nacional y la cuestión es de competencia originaria.

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