La fiscal Alejandra Del Río Ayala presentó la acusación contra las tres personas investigadas por la explotación sexual de Mónica Aquino, la mujer que despareció de la ciudad de Santa Fe en mayo de este año. La funcionaria de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual (GEFAS) de la Fiscalía Regional I ingresó el escrito ayer a la tarde en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de la Primera Circunscripción Judicial.

Una de las personas acusadas por la explotación sexual de la víctima es su expareja, un hombre de 31 años cuyas iniciales son HJP, quien tiene un antecedente penal condenatorio.

También fueron acusados MDP de 32 años, excuñado de la mujer; y MRA de 51 años, quien es la madre de los dos hombres y exsuegra de Aquino.

Femicidio

“La investigación en relación a la explotación sexual que sufría Mónica por parte de las tres personas está concluida”, informó la fiscal Del Río Ayala. “Presentamos la acusación porque entendemos que hay elementos suficientes para que esas personas sean condenadas en un juicio oral y público”, agregó.

La funcionaria del MPA reiteró que “la acusación es solo por los delitos relacionados a la explotación sexual de la víctima”. En tal sentido, añadió que “la búsqueda de la mujer continúa. Desde la Fiscalía seguimos ordenando medidas y diligencias para dar con su paradero, y nuestra principal hipótesis sigue siendo la del femicidio”.

Explotación sexual

“De la investigación se desprende que la mujer fue obligada a intercambiar sexo por dinero con personas indeterminadas entre 2017 y mayo de este año en las intersecciones de las calles San Lorenzo y Amenábar y Moreno y Urquiza”, planteó la fiscal. “Su expareja –y padre de tres de los cuatro hijos de la mujer– elegía las paradas, la trasladaba a esos dos lugares, controlaba sus movimientos, le impedía vincularse con su familia de origen, la golpeaba constantemente y la amenazaba con matarlas a ella y a su madre”, remarcó la fiscal.

Del Río Ayala también sostuvo que “junto con su madre y su hermano, la expareja de la mujer se apoderaba del dinero que resultaba de la actividad sexual que ella era obligada a ejercer”. También hizo hincapié en que “los tres acusados actuaron de esa manera durante seis años, de forma regular y en conocimiento de la situación de extrema vulnerabilidad de Mónica”.

Lesiones

Además de los delitos vinculados a la explotación sexual, la Fiscalía le atribuyó a la expareja de la mujer unas lesiones que le produjo en el brazo con una cuchilla. “Fueron cometidas el 20 de abril de este año en la casa que compartían en el barrio Varadero Sarsotti”, precisó la fiscal.

Calificaciones penales

A la expareja de Aquino, la Fiscalía le atribuyó la autoría de los delitos de promoción de la prostitución ajena agravada; explotación de la prostitución ajena agravada; lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo y por violencia de género. Para él, la pena solicitada es de 20 años de prisión.

Por su parte, al excuñado de la víctima, la Fiscalía le endilgó la autoría de los delitos de explotación de la prostitución ajena agravada y pidió una pena de 10 años de prisión.

En tanto, a la madre de los dos hombres investigados y exsuegra de Aquino, se la acusó de ser autora de explotación de la prostitución ajena agravada por la violencia y por la convivencia. La pena solicitada para la mujer es de 10 años de prisión.

Pasos procesales

A partir de la presentación de la acusación que hizo la Fiscalía, la OGJ deberá establecer una fecha para la realización de la audiencia preliminar. En función de los argumentos y las evidencias que presenten las partes, un juez deberá controlar la solvencia de la acusación fiscal, decidir si corresponde realizar el juicio oral y público y qué evidencias se admitirán en ese debate.

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Además el señor, que se dedicaba a la cría de animales, vivía en una vivienda precaria de extrema vulnerabilidad.

Mediante una entrevista con Cadena Oh, Andrés Alasia, representante del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, comentó que los hechos sucedieron “a partir de una denuncia que recibe el gremio UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) de la delegación Venado Tuerto. Se procede a realizar un operativo de fiscalización conjunto entre RENATRE, el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Santa Fe y UATRE se acude al establecimiento”.

Más adelante, detalló: “Nos encontramos con la situación de presunta trata de personas, una persona mayor de 90 años en una vivienda sumamente precaria, con rajaduras de piso y techo, mucho hollín, sin muebles, apenas una camita, una situación de extrema vulnerabilidad, solo. Fueron los inspectores de RENATRE, nosotros tenemos que hacer la actuación de la denuncia a través de informes. Lo que el trabajador nos manifiesta, bajo declaración jurada, es que le retenían el documento para cobrarle la jubilación. Le estaban estafando una jubilación, le daban $200 por mes, trabajaba 2 horas por día, le hacían hacer tareas de cría de animales. Una situación muy triste”.

Por otro lado, aclaró: “Esto fue en febrero de este año, cuando se hace la inspección, fiscalización. Trasciende el viernes por el allanamiento de Gendarmería que la Justicia solicita también a PDI, y la parte de Trata de Personas de la Policía para liberar a esta persona. Ahora se encuentra en un hotel, se está intentando comunicarse con alguno de sus hijos (tiene alrededor de 13), es oriundo de la provincia de Entre Ríos”.

¿El campo donde lo encuentran dónde está ubicado?

“Es zona rural pero no muy distante de la ciudad de Venado Tuerto. Es de un particular. No puedo dar nombre pero consta en el acta, la Justicia tiene los elementos”. ¿Por qué no se puede dar el nombre? “Por protocolo de procedimiento de actuación. Tanto Ministerio de Trabajo como RENATRE dejamos constancia en el acta de relevamiento de quien llamamos “el empleador”, número de CUIT, razón social, la geolocalización, toda una serie de datos respecto a cómo, cuándo, dónde se realiza la detección de la infracción”, dijo Alasia.

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El fallo constituye un acontecimiento inédito al ser la primera condena por este delito en Argentina. El proceso judicial se originó por la denuncia del ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia.

La jueza del Colegio de Jueces de Primera Instancia del Distrito Nº 14 de Villa Constitución, Marisol Usandizaga, condenó este jueves a un matrimonio de la localidad de Santa Teresa a un año de prisión de cumplimiento condicional por el delito de aprovechamiento económico ilegal de trabajo infantil en calidad de coautores.

El proceso judicial tuvo origen a partir de una denuncia hecha por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de la provincia, Julio Genesini, tras una actuación realizada por inspectores de la cartera laboral en una plantación de arándanos en Santa Teresa.

“En 2016, tras un operativo a cargo de inspectores de nuestro Ministerio, se constató que varios menores de entre 12 y 16 años trabajaban en condiciones precarias en el cultivo de arándanos. A raíz de ello, formulamos una denuncia contra los empleadores, tal como lo establece la Ley Nacional 26.847 que incorporó la penalización del trabajo infantil”, señaló Genesini.

“Es un fallo que contribuye a generar conciencia. Esta es una práctica delictiva que tiene graves consecuencias jurídicas para quien incurra en ellas, no se trata de un tema menor”, dijo el ministro, y agregó que “el gobierno de Santa Fe extrema la tutela de los derechos de los niños y las niñas que no pueden ser sujetos del aprovechamiento económico en contravención de la ley laboral”.

“Estamos convencidos de que el trabajo no es cosa de chicos ni chicas. En ese sentido, este fallo es un hito que marca un punto de inflexión en la temática”, expresó.

Por último, ponderó “la prevención y erradicación del trabajo infantil en todas sus formas como un objetivo prioritario para el gobierno de Santa Fe. Para ello, contamos con una red de 36 centros de Cuidado Infantil que funcionan en 25 localidades a lo largo de la provincia de Santa Fe”.

Genesini describió a estos centros como “espacios de atención integral para la protección social de niños de 0 a 4 años, como así también de contención de niños con trayectorias escolares discontinuas. De esta manera, muchos padres pueden cumplir sus jornadas de trabajo con la tranquilidad de que sus hijos más pequeños quedan en un lugar seguro, con cuidados acordes a su edad”.

TRABAJO ADOLESCENTE
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Santa Fe, a partir de la Resolución 216/13, emite autorizaciones para que puedan trabajar adolescentes de 16 y 17 años o niños y niñas en los casos que tales excepciones estén contempladas por la Ley de Contrato de trabajo.

Las autorizaciones se otorgan con el objetivo de preservar en todos los casos, la salud física y psíquica de los niños, niñas y adolescentes, y su permanencia en el sistema educativo obligatorio.

Los tipos de autorizaciones, que se emiten teniendo en cuenta el Listado de tareas peligrosas diseñado por la provincia de Santa Fe, son para el trabajo adolescente protegido, es decir que no pueden ser ocupados por más de seis horas diarias o 36 semanales; para la extensión de jornada laboral, que en el caso de adolescentes de entre 16 y 18 años podrá ser extendida a ocho horas diarias o 48 semanales, previa evaluación de condiciones de trabajo; para trabajo adolescente protegido en empresa familiar, que incluye a adolescentes de entre 14 y 16 años que podrán ser ocupados en empresas de familia siempre que la jornada de trabajo no supere las tres horas diarias y las 15 semanales; y para el trabajo artístico, que contempla otorgar permisos individuales a niños, niñas y adolescentes que sean contratados para realizar trabajo artístico, previa evaluación de condiciones de trab ajo.

Para realizar consultas o denuncias ante posibles casos de trabajo infantil, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia cuenta con la línea telefónica gratuita 0800 555 3846.

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