La Cámara Nacional del Trabajo decidió hoy que el DNU del presidente Javier Milei es inconstitucional en materia del capítulo de reformas laborales al analizar la cuestión de fondo.

Lo hizo luego de que en una medida cautelar frenara las reformas. Ahora todo está bajo estudio de la Corte Suprema de Justicia.

La decisión es de otros jueces a aquellos que dictaron la cautelar y en la misma analizaron “el fondo” del planteo hecho por la CGT pero que ellos determinaron que es de alcance colectivo, esto es para todos los trabajadores no sólo a aquellos representados por la Central Obrera.

Para los jueces no existía “ningún impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso” tal cual intentó argumentar el Gobierno al pretender las reformas por el DNU, el cual fue publicado en el boletín oficial el 21 de diciembre y “no tenía fecha de vigencia”, tal cual el Tribunal.

Incluso, retomó el Tribunal que el 26 el propio Gobierno convocó a sesiones extraordinarias por lo que “no se registraba impedimento para la reunión de las cámaras del Congreso, e incluso el 27 de diciembre de 2023, es decir, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia del DNU 70/2023, el órgano legislativo se encontraba convocado, en funciones, y con facultades para examinar el contenido de las reformas propiciadas en dicho DNU”.

“Los o ropios considerandos de dicho DNU traducen -al menos en lo que respecta a la materia laboral- que no se evidencia objetivamente la “necesidad” de adoptar tan numerosas medidas, y que, aunque ello pudiera -hipotéticamente- justificarse en las referencias genéricas a “un hecho demostrado”, lo cierto y jurídicamente relevante es que no se avizora que las que se alegan constituyan razones de “urgencia” para eludir la debida intervención del Poder Legislativo en lo que hace a la legislación de fondo, máxime cuando varias de las normas que el Poder Ejecutivo Nacional pretende modificar sin darle intervención a los legisladores tienen naturaleza represiva o sancionatoria, al punto que se las ha incluido como integrativas del derecho penal laboral, calificadas como “leyes antievasión””, analizaron los magistrados.

“Las consideraciones vertidas precedentemente acerca del defecto de origen del DNU 70/2023 bastan para sustentar este pronunciamiento y, consecuentemente, tornan innecesario un examen específico de las alegaciones de la amparista acerca de la supuesta invalidez de aquél en razón del “contenido sustantivo” de su articulado”, remarcaron los camaristas Manuel Diez Selva, Héctor Guisado y Mario Fera.

Ahora, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar ante la Corte Suprema de Justicia el fallo aunque ya está dada la intervención del más alto tribunal por la cautelar que otros jueces laborales concedieron por las reformas laborales y por el amparo presentado por la provincia de La Rioja contra la totalidad del DNU de Javier Milei.

La Corte Suprema de Justicia no tiene plazos para resolver y sólo ha adelantado que ellos sí asumen la competencia al menos en el caso la Rioja porque es la demanda de un estado provincial contra el nacional y la cuestión es de competencia originaria.

La Sala de Feria de la Cámara Nacional del Trabajo dictó una nueva medida cautelar haciendo lugar al pedido de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), la cual frena las reformas laborales impulsadas por el DNU del presidente Javier Milei.

En el mismo sentido que lo hizo con el pedido de la CGT ayer, el Tribunal dispuso la cautelar para frenar las reformas laborales “contenidas en su título IV Trabajo hasta tantos se dicte la resolución de fondo”.

“Con este fallo, la Justicia pone un freno a quien piensa que simplemente firmando decretos se pueden eliminar derechos laborales que llevan décadas de luchas, de discusiones en los ámbitos de la democracia de leyes, de acciones del Congreso. El Poder Ejecutivo deberá entender que en Argentina hay tres poderes y que es antidemocrático avasallar el rol de los otros poderes”, sostuvo en un comunicado esta vertiente de la CTA que comanda Hugo Yasky.

Y agregó: “En el fallo se señala claramente que el DNU representa una reforma laboral de aplicación inmediata en materia laboral que causa perjuicios graves que son imposibles de reparación posterior”.

En los argumentos de la resolución, los jueces advierten “los graves riesgos de que el conflicto social – ya avizorado en los últimos días del 2023- se acreciente y/o derive en hechos de violencia inusitada”.

La presentación de esta CTA fue en el mismo sentido que lo había hecho la CGT, por eso hubieron sendas resoluciones siguiendo el mismo criterio.

“Hecha pública la convocatoria a un paro general por las centrales obreras para el 24 de enero en curso y habiendo dispuesto la CSJN no dar tratamiento inmediato al proceso originario habilitado ante su sede con motivo del DNU cuestionado, el peligro en la demora es aún mayor teniendo en cuenta las importantes modificaciones introducidas por el DNU”, advirtieron los camaristas al fundar la cautelar dictada en pleno receso judicial de verano.

De esta manera, el Tribunal resolvió admitir la vía procesal del amparo para analizar la constitucionalidad del DNU; admitir la competencia laboral para entender en la causa; admitir la legitimación activa de la CTA para promover el amparo y admitir el planteo de “exclusión” de la acción de clase que tramita ante el fuero Contencioso Administrativo Federal.

También admitió la recusación de la jueza de primera instancia que rechazo la demanda, por haber adelantado opinión sobre el fondo del asunto.

Lo que se prevé y tal cual lo comunicaron ayer fuentes de la Procuración del Tesoro, es que tanto ésta resolución como aquella otra en que hace lugar al pedido de la CGT va a ser apelada mediante un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para lo cual cuentan con tres días una vez notificado.

No obstante, ante un planteo del Gobierno de La Rioja es que la Corte Suprema dijo que no intervendrá hasta después de la feria judicial de verano y una vez que haya dictaminado el Procurador General de la Nación.

Mientras tanto, a raíz del fallo de ayer y este otro de la Cámara, las reformas laborales contempladas en el DNU por el momento van a ser suspendidas.

La decisión judicial hace lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y considera que no se habría configurado la situación de “extrema urgencia” requerida para que el Poder Ejecutivo pueda legislar sobre temas que son potestad del Congreso Nacional.

El DNU 70/2023, publicado el 27 de diciembre pasado, introdujo modificaciones en las leyes laborales referidas a la interpretación de las normas, contratación, jornada laboral, indemnizaciones y actividad sindical. Si bien la vigencia operaba a partir del 30 de diciembre, ahora queda suspendida por la justicia.

En su fallo, la sala integrada por las juezas María Dora González y Andrea García Vior y el juez Alejandro Sudera sostiene que la extensa fundamentación del Poder Ejecutivo sobre la gravedad de la situación económica del país resulta insuficiente para demostrar la urgencia en implementar cambios estructurales en las leyes laborales, máxime cuando algunas de esas normas tienen naturaleza penal.

Asimismo, los camaristas remarcaron que el presidente de la Nación podría haber convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso si consideraba prioritario el tratamiento de la reforma laboral.

De este modo, al menos transitoriamente, el Poder Judicial pone freno a las ambiciosas reformas anunciadas por el Gobierno en un área sensible como el mundo del trabajo, generando incertidumbre sobre cómo continuará ahora el trámite legislativo de esas iniciativas.

En lo que hace al trámite legislativo que el decreto pretende obviar, cabe mencionar que el Presidente de la Nación se encuentra facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias (art. 99 inc. 9 de la Constitución Nacional) y que tanto el Reglamento de la Cámara de Diputados como el de la Cámara de Senadores poseen herramientas que permitirían darle mayor celeridad al tratamiento de cada proyecto en caso de que sus autoridades o integrantes de los cuerpos lo requieran

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, anunció que denunciaron penalmente al presidente Javier Milei por el mega-DNU que firmó el 20 de diciembre.

A través de un posteo en X (ex Twitter), Aguiar detalló los puntos de la denuncia, entre los que se encuentra abuso y usurpación de autoridad.

Uno por uno, la denuncia:

• Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P.

• Usurpación de Autoridad (art. 243, inc. 3, del C.P.)

• Delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno.

ATE se suma a la movilización de la CGT

Por los despidos en el Estado, ATE se sumará mañana a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo en repudio al DNU de Milei.

En esa línea, la razón principal por la que ATE se plegará a la manifestación es por el nuevo decreto del Gobierno por la no renovación de los contratos estatales firmados desde el 1 de enero de 2023, en adelante.

“Desde #ATE vamos a movilizar este miércoles en una nueva Jornada Nacional de Lucha para reclamar contra el decreto mediante el cual se pretende despedir a 7.000 #trabajadores de la Administración Pública Nacional. Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido”, anunció Aguiar.

Último momento!
Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al Presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU.
Por la comisión de varios delitos:

• Abuso de Autoridad, previstos y reprimidos en el art. 248 del C.P.,
• Usurpación de Autoridad (art. 243, inc. 3,…

— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) December 26, 2023

El primer amparo contra el DNU del presidente de la Nación, Javier Milei, fue presentado hoy ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y se pidió por la inconstitucionalidad del mismo.

La presentación la hizo la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad y por ahora es la primera de las presentaciones ante la cual se prevé que haya otras más.

La misma recayó ante el juez en lo Contencioso Administrativo Federal 2, Esteban Furnari.

Ahora, desde el juzgado le pidieron acompañar los argumentos del amparo junto con la eventual documentación que podría ir en su presentación.

Al tratarse de un amparo es de rápida resolución aunque previo a ello es probable que desde el juzgado se dé intervención previamente para contestar la demanda a la contra parte.

Se trata de hasta ahora la primera de las presentaciones aunque las que pudieran sumarse serían ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal puesto que es un masivo decreto que incluye temas tales como reformas laborales, de la ley de alquileres o del código aduanero y ello podría tener incidencia en el fuero laboral, civil o bien el civil y comercial federal.

De ahora en más todas las demás presentaciones que puedan haber en el fuero Contencioso Administrativo Federal es probable se acumulen en el juzgado 2 pues allí donde se radicó esta primera presentación.