La comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja avanzó hoy la firma de dictamen favorable al proyecto de declaración en repudio a los ataques homofóbicos contra el diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón, víctima de expresiones de odio de parte de integrantes del programa libertario “La Misa”, en el canal de streaming libertario Carajo.

Tras una serie de intervenciones en solidaridad y condena a la campaña de agresiones que sufrió, algunas de las cuales hicieron eje en una supuesta conexión entre homosexualidad y pedofilia, el legislador socialista y activista de los derechos LGTBQ+ agradeció el apoyo transversal recibido en los últimos días

“Agradezco la transversalidad, esa mayoría de bloques que entendieron que el hostigamiento, el acoso, la violencia política no es la forma, no es la vía. Atacar a un diputado por sus opiniones poliíicas pero utilizando un vector tan sensible como la orientación sexual y vinculándolo con la pedofilia es algo que no podemos aceptar en esta casa”, resaltó.

Paulón subrayó que fue blanco de una “campaña orquestada” en la que no solamente participaron trolls sino personas de carne y hueso que le desearon que se contagie la enfermedad del SIDA.

“Ojalá contemos con el apoyo de todos los bloques. Sería un mensaje importante, Estos ataques no son contra mí. Tengo fueros, el respeto de mis pares. Pero estamos conmemorando 15 años de la ley de matrimonio igualitario y pienso en todas esas personas del colectivo lgtbq+ que no tienen las posibilidades que yo tengo. Ellos no temrinan de dimensionar el daño que peuden hacer. No es un daño personal”, reflexionó.

El diputado santafesino señaló que cuando se enteró de los ataques de La Misa, el programa conducida por “el Gordo Dan”, se puso a llorar pero enseguida reaccionó con fuerza para dar la batalla de sentido porque “no hay que regalarle a esta gente el espacio del debate democrático”.

Por su parte, su compañero de bancada Oscar Agost Carreño repudió lo sucedido con Paulón, que calificó como “extremadamente grave” y al respecto dijo que “se cruzó un límite que no se puede permitir”.

“Lo que estamos repudiando es lo que pasó con su rol de diputado. Hubo un ataque respecto de su discurso en el Congreso, de lo que dijo en una sesión. Se usó un tono absolutamente burlón, homofóbico. Se volvió a ese fantasma que tantas veces hemos escuchado en este gobierno de unir pedofilia con la orientación sexual”, dijo.

El cordobés aclaró que no se está “pensando en limitar la libertad de expresión” y reconoció que “las redes sociales son una cloaca”.

“El problema es que cuando ya nos metemos con mensajes de odio, con homofobia y sobretodo cuando calificamos como natural que se trate de pedófilos a las personas homosexuales. Estaaos cruzando un límite complejo”, analizó

A su turno, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, autor del proyecto de declaración que lleva 56 firmas de todos los bloques a excepción de LLA, señaló que “esta cámara no puede pasar por alto la gravedad de las expresiones vertidas en el programa La Misa del stream Carajo donde se vinculo a un colega nuestro con el delito aberrante de pedofilia, pero a su vez también con haberle deseado SIDA”.

Explicó que “no se trata de una declaración desafortunada” sino de un “claro acto de violencia simbólica que se inscribe en una matriz de discursos de odio que penosamente van en ascenso en nuestra sociedad y que degradan el tipo de conversación pública”.

“Estos discursos de odio contribuyen a generar condiciones que nos llevan a la violencia física, a la exclusión social y discriminación estructural en nuestra sociedad”, advirtió Ferraro.

En este sentido, aseguró que no es posible “habilitar la idea de que la libertad de expresión vale a cualquier precio”.

“La libertad de expresión es un principio cardinal a lo que hace a nuestro sistema democrático y ordenamiento constitucional pero no es absoluta. Tiene un límite y tiene que ver con el daño a la honra, la dignidad y los derechos de los demás en el ejercicio de esa libertad de expresión”, sostuvo.

Durante la reunión de comisión también se repudiaron las expresiones misóginas de violencia contra Florencia Kirchner de parte del diputado nacional José Luis Espert, y también se condenaron los ataques libertarios con “deep fake news” a la periodista Julia Mengolini, entre otros temas.

La Cámara de Diputados dejó firme esta tarde el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario, al no haber obtenido la oposición los dos tercios necesarios para mantener la iniciativa que había sido aprobada por el Congreso.

Si bien los los bloques de la UCR, Encuentro Federal, por Santa Cruz, Producción y Trabajo, la izquierda y el kirchnerismo lograron reunir 159 votos, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió las 85 voluntades necesarias para sostener el veto.

Apoyaron la postura oficialista PRO y Creo, además de tres diputados radicales y tres tucumanos de Independencia, que responde al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo.

También pidió votar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, haciendo uso de un artículo que le permite participacion de una votación.

Los cuatro diputados misioneros y el radical Pablo Cervi decidieron abstenerse mientras que ocho legisladores estuvieron ausentes en la votación.

El presidente Javier Milei recibirá este martes por la noche en la Quinta de Olivos para celebrar con un asado a los diputados que avalaron en el Congreso su veto a la movilidad jubilatoria.

El mandatario nacional había llamado “héroes” a los 87 diputados nacionales que respaldaron su decisión de vetar la ley, incluidos los radicales que dieron vuelta su posición.

Los invitados recibieron una invitación por mail de parte de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, para asistir a la residencia oficial a partir de las 20.

Entre los diputados que votaron a favor del veto están los integrantes de La Libertad Avanza, el PRO, del MID y cinco de la Unión Cívica Radical, que en las últimas horas fueron suspendidos del partido.

“Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el déficit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo logramos conseguir”, sostuvo Milei la semana pasada tras lograr esa victoria en Diputados.

La Cámara de Diputados ratificó esta tarde el veto del presidente Javier Milei a la ley de reforma jubilatoria sancionada por la oposición y que buscaba aumentar los haberes del sector previsional.

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) consiguió avalar el veto presidencial con 153 votos afirmativos, 87 negativos y 8 abstenciones. Para alcanzar ese número fue clave el apoyo de la bancada del PRO y de un grupo de diputados de la UCR que en la víspera se habían reunido con Milei en la Casa Rosada.

Los legisladores radicales que este miércoles decidieron desmarcarse de la conducción del bloque y concurrir a la Casa de Gobierno fueron Martín Arjol, Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi y el liberal correntino Federico Tournier, un hombre del gobernador Gustavo Valdés que se había incorporado recientemente a esa bancada.

Una serie de incidentes se registraron e en las inmediaciones del Congreso después de que la Cámara baja confirmara el veto presidencial. Los manifestantes, entre los que había jubilados y organizaciones políticas, fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la Policía Federal después de haber tirado las vallas de seguridad que rodeaban la zona.

La ley de reforma jubilatoria que había sido vetada por el mandatario establecía un aumento del 8,1 por ciento para compensar la inflación de enero y un nuevo mecanismo de actualización de los haberes de la clase pasiva.

La diputada de La Libertad Avanza Lourdes Arrieta filtró una serie de proyectos y un decreto presidencial en el que trabajaban legisladores libertarios para obtener la libertad de represores encarcelados por delitos de lesa humanidad. 

Tras la publicación de chats en los que expone a sus compañeros de bancada en plena organización de la visita a ex militares condenados al Penal de Ezeiza, Arrieta en horas del domingo detalló: “Ahora pongo a disposición los Proyectos de Ley y el Decreto reglamentario que proponían los integrantes del grupo de WhatsApp (diputados de LLA), para obligar a los jueces a dejar en libertad a los genocidas”.

Qué dice el “Plazo Razonable”

A través de su cuenta de X, la legisladora publicó el proyecto de ley denominado “Plazo Razonable” que busca liberar a aquellos genocidas, condenados por crimenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar de 1976, que aún permanezcan detenidos tras un plazo de 20 años desde la comisión del delito. 

El borrador del documento establece: “Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, Ley 11.179, el que quedará redactado de la siguiente manera: ‘Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”.

De esta forma, argumentan que los 20 años como plazo máximo “superan los que hasta la fecha surgen de la jurisprudencia nacional e internacional, de los ciclos de vida, el plazo máximo de prescripción de la acción penal previsto en el artículo 62 inc. 2 del CP para los delitos reprimidos con pena de prisión perpetua, también con creces los tiempos ordenatorios de las normas procesales para cada etapa del proceso y el dictado de resoluciones”.

Detalles del decreto

Por otro lado, la legisladora también publicó un decreto al que apostaban a conquistar la aprobación del presidente Javier Milei, que fue propuesto por los diputados libertarios luego de las reuniones que mantuvieron con el padre Javier Olivera Ravasi y un grupo de abogados especializados en la materia.

Según el detalle del escrito, la intención es garantizar la libertad de aquellos ex militares que permanezcan presos durante un plazo de 25 años desde la comisión del delito.

“Con independencia del criterio que cada Tribunal Nacional o Federal fije respecto del tiempo en el cual debe operar la garantía del juzgamiento de una persona en un plazo razonable o que le sean determinados a los ciudadanos sus derechos en un plazo razonable, se fija en veinticinco años el plazo máximo de duración de un proceso penal”, argumentan el primer artículo.

En la misma línea, formalizan que “el plazo máximo fijado alcanzará a los procesos por delitos de lesa humanidad que no hayan recibido sentencia firme”.

Asimismo, señalan que el término “regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso de que la Nación sufra interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”.

“Vencido este plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal por insubsistencia”, puntualizan.

Según fundamentan “la magnitud y cantidad de los procesos de lesa humanidad mantiene colmadas las agendas de los Tribunales Orales Federales, encargados de investigar la corrupción y narcotráfico en todo el territorio nacional”; por lo que plantean que “resulta indispensable descongestionar la labor de los tribunales federales”.

Tras la difusión, Arrieta aclaró que estas intencionalidades no forman parte de “la agenda del presidente Javier Milei”, e insistió en que los proyectos “nada tienen que ver con los ideales de la libertad”. “No voy a permitir que se manipulen leyes a espaldas de Milei“, concluyó.

Luego de seis meses de congelamiento, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resolvió hoy otorgar un aumento del 80% en tres cuotas a los diputados nacionales.

La dieta que reciben los legisladores de la Cámara baja, que no llega a los dos millones de pesos y es significativamente menor a la que perciben los senadores nacionales, no se mueve desde noviembre del año pasado, pese a la disparada de los precios durante los meses del verano.

Menem acordó la suba luego de mantener conversaciones con los líderes de distintas fuerzas políticas. Desde Unión por la Patria y sectores de Hacemos Coalición Federal le pedían que el aumento fuera mayor, como para acercarse a lo que cobran los senadores, pero el riojano se plantó en el 80% para no generar tensiones con el Gobierno nacional, que sigue enarbolando la máxima de que “no hay plata”.

La resolución llevará la firma de Menem en soledad, luego de que el jefe del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, se negara a avalar el aumento. Tampoco los bloques de la oposición quieren cargar con el costo político de un aumento que será “impopular” en la opinión pública, por lo que la salida que se encontró es que la resolución lleve estampada la rúbrica del titular del cuerpo y de nadie más.

Los presidentes de las cámaras de Diputados, Martín Menem, y del Senado, Victoria Villarruel, acordaron hoy otorgar un aumento del 30% en las dietas de los legisladores nacionales, en línea con los incrementos que quedaron cristalizados en la paritaria de los trabajadores del Congreso de la Nación.

El desagregado comprende un primer aumento retroactivo al 1 de enero de 2024 del 16%, y un 12% al 1 de febrero.

La resolución, que lleva la firma de los titulares de ambas cámaras, destaca que “en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras”.

Este 30% de aumento había sido dispuesto el 23 de febrero pasado a través de una resolución conjunta pero dejaba afuera a los parlamentarios nacionales, aplicando únicamente al personal de ambas casas legislativas.

Luego de esta equiparación a la paritaria del personal legislativo (gremio APL), un diputado nacional perforará la línea de los dos millones de pesos brutos por mes. 

El recibo de sueldo de febrero de un diputado estipulaba una dieta 1.984.000 pesos. A esto hay que agregarle el plus por desarraigo que perciben los diputados y senadores que no representan a la Ciudad de Buenos Aires, ni a municipios cercanos del AMBA, sumado los pasajes de avión y ómnibus, y los gastos de representación.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibía esta tarde en su despacho al ministro de Interior, Guillermo Francos, quien le presentó el nuevo texto corregido por la Casa Rosada tomando en cuenta algunos de los cambios exigidos por la oposición dialoguista.

A partir de las 19, comenzarán las reuniones del oficialismo con cada uno de los bloques de la oposición por separado, exceptuando Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, con los que estiman que no hay ninguna posibilidad de acuerdo.

Se sumarían al equipo del Poder Ejecutivo que encabeza Francos el asesor Santiago Caputo y el secretario de Finanzas, Pablo Quirnos.

Con el PRO más cerca de acompañar el dictamen del oficialismo en general pese a algunos dudas con ciertos artículos, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal tomaron la iniciativa para condicionar su apoyo a la remoción de cinco puntos del proyecto con los que a priori no van a negociar.

En ese sentido, se encontraban esta tarde ultimando su propio dictamen los diputados nacionales Oscar Agost Carreño (Cambio Federal), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Mariela Coletta (UCR) y el asesor y ex diputado Fernando Sánchez.

Este dictamen alternativo incorpora únicamente los temas económicos, administrativos, fiscales y energéticos, otorgando facultades delegadas al Poder Ejecutivo por solamente un año y no dos años (y otros dos prorrogables) como pretende el Gobierno.

Se trata de las facultades delegadas (“superpoderes”) al presidente Javier Milei por dos años con la posibilidad de prórroga por dos más, la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sin un mecanismo de indexación alternativo, la suba de retenciones a la soja y otros productos de exportación, la reforma electoral basada en el modelo de uninominalidad de exportación y las privatizaciones en paquete.