Por Germán Beauge* (Especial para NexoDiario)

Desde la muerte de Hugo Chávez, Venezuela no ha dejado de desbarrancar. Maduro es el responsable de la desastrosa situación y de la actual crisis económica, política, social y humanitaria que atraviesa todo el país. Desde que asumió no hizo más que malgastar el poder heredado, encarceló políticos opositores, rompió las reglas democráticas y llevó al país a las ruinas.

Hoy Venezuela es un país en crisis terminal, tiene todos los problemas habidos y por haber y no tiene al alcance ningún remedio que detenga la hemorragia. No hay alimentos en los supermercados, escasean los bienes de primera necesidad, la moneda se devalúa diariamente y hasta no tiene nafta. Sí, el país con las mayores reservar de petróleo del mundo no tiene nafta. Algo que sólo el socialismo del Siglo XXI puede lograr.

En un acto que poco tiene que ver con la democracia y la división de poderes, el Tribunal Supremo de Justicia, cometió “un autogolpe” al suspender las funciones de la Asamblea Legislativa otorgándole todas sus competencias al Poder Judicial. A pesar de que 48 horas después revirtió esa decisión, la democracia en Venezuela está en estado terminal. Así pues, se acabó la República y se terminó la división de poderes.

Ante esta situación, ¿Existe alguna solución posible a la vista para devolverle a Venezuela su Estado de Derecho? Hay dos posibilidades de revertir esa situación. La primera recae en las en las fuerzas armadas; la segunda, en la OEA.

Las fuerzas armadas siguen siendo el gran sostén de Maduro en el poder. Él las controla y las domina a gusto y placer. Hasta que los militares quieran, el mandatario venezolano va a seguir manejando los timones del país. La gran incógnita es hasta cuándo las fuerzas armadas sostendrán a un gobernante que se ha mostrado muy poco capaz de gobernar y ha llevado a las ruinas al país. ¿Asumirán su papel de garante de la Constitución? O por el contrario, ¿seguirán siendo cómplices de Maduro?

La otra alternativa se encuentra en la sede de la OEA, en Washington. Allí el Secretario General de ese organismo, Luis Almagro, ha convocado al Consejo Permanente invocando el artículo 20 de la Carta Democrática, a la cual todos los Estados Miembro de la OEA han adherido. Solicitar la aplicación de dicho artículo implicaría, de reunirse los votos necesarios, que Venezuela sea suspendida del bloque.

En este caso, la voz está en manos de los 35 Estados Miembros de la OEA. Aunque la suspensión de Venezuela sería un hecho trágico y un retroceso para todo el sistema americano, ello no implica el regreso del normal funcionamiento de las instituciones. Ni mucho menos del Estado de Derecho. Maduro seguiría gobernando tal como lo hace en la actualidad.

Suspender a Caracas no va a ayudar a resolver la crisis de alimentos, humanitaria, de abastecimiento y social que vive el país. Aislarlo es dejar de ayudar a sus ciudadanos. Tomemos como ejemplo a Cuba. La isla fue suspendida en 1962 del organismo y todos sabemos que no ha habido grandes progresos.

A veces, simplemente, hay que convivir con el monstruo dentro de casa.

*El autor es licenciado en Relaciones internacionales.

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