El paraíso de los políticos: ¿Rumania o Argentina?

Un pasaje a Bucarest, la capital de Rumania, cuesta alrededor de 30 mil pesos. No es nada, pensarán muchos de los políticos locales, si ese es el precio de la libertad.
Es que en ese país de Europa Central acaban de tomar una decisión sin precedentes: despenalizar la corrupción. Así, sin vueltas. El ejecutivo, por decreto de necesidad y urgencia, estableció el martes que si un robo a las arcas del Estado genera una pérdida menor a 44 mil euros (unos $800.000), no merece ser investigado ni tiene sanción.
La intrépida medida provocó una pueblada. Desde ese martes, todos los días la gente sale a la calle a protestar por el disparate. El viernes, los medios rumanos calcularon que más de 180 mil personas participaron de las marchas. Nunca se había juntado tanta gente desde la caída del comunismo, señalan.
Si el teléfono de Oscar Parrilli seguiría pinchado, probablemente en unos meses se filtraría un llamado de Cristina Fernández de Kirchner para increparlo otra vez: “¿Cómo no se nos ocurrió, Oscar?”, podría plantearle la ex mandataria. Y es que ella, en un país inoculado por la corrupción, no se siente libre. Desde Comodoro Py no se olvidan del asedio que vivieron durante una década y cada un par de meses le zamarrean la silla, para que no se sienta cómoda.
El viernes, sin ir más lejos, el juez Claudio Bonadio la citó a indagatoria por cohecho y lavado de dinero. Es que el robo fue muy evidente: si no cómo explica una persona que vivió de su salario como funcionaria pública durante casi toda su vida de adulta, los millones que declara en blanco (ni hagamos elucubraciones sobre el dinero en negro).
Pero Cristina cuenta con un tranquilizante natural en el subconsciente: nadie (o casi nadie) va preso por este tipo de delitos. Allí están depositadas sus esperanzas.
Muchos ex funcionarios hablaban de la corrupción como “el aceite que permite que los engranajes del Estado funcione”, eso también fue un modo de legalizarla. Hacerle un guiño: Es ilegal, en la letra fría de un código, pero existe y no tiene consecuencias jurídicas.
Párrafo aparte para la sociedad. En Argentina no pudimos, ni supimos reaccionar a eso. El hombre es un animal de costumbre, pero nadie imagina que nos podíamos convencer de que robarle plata al Estado no sea condenable: no está bien, pero tampoco está tan mal.
No lo tenemos en cuenta a la hora de votar, la honestidad no es un valor. Es apenas un mérito desteñido y hasta, a veces, una trampa de boludos. No hay con qué darle: llegamos al límite, en estos lares, de que el honesto, a veces, sea considerado un boludo.
Al fin de cuentas, después de hacer un repaso mental, los políticos rumanos deberían haber realizado un posgrado en Argentina. Una interconsulta, al menos. Aquí se logró “despenalizarla” sin hacer tanto alboroto. Nadie sale a la calle a pedir prisión por un ladrón del Estado, de hecho a veces hasta se los premia con el voto.
Ahora que hay mucho funcionario K buscando rehacer su vida, quizás por unos miles de euros puedan asesorar a los rumanos. Robar sin que haya consecuencias legales, no es para cualquiera. ¿O sí?